La Guardia Civil se incauta de bienes de 57 exetarras para resarcir a sus víctimas

Guardias civiles suben ayer a una grúa uno de los coches requisados. :: efe/
Guardias civiles suben ayer a una grúa uno de los coches requisados. :: efe

Se han bloqueado 30 nóminas, 45 cuentas y 14 inmuebles, pero los agentes se han quedado muy lejos de los ocho millones que buscaban

MELCHOR SÁIZ-PARDO MADRID.

La Guardia Civil desató ayer una operación inédita con el objetivo de incautarse de bienes de miembros condenados de ETA y la 'kale borroka' para hacer frente a las condenas por su responsabilidad civil adeudadas a sus víctimas y que en su día adelantó el Estado.

El novedoso operativo, bautizado como 'Zerga' ('impuesto' en euskera), dejó un sabor agridulce tras un año de intenso trabajo de los agentes codo con codo con el Servicio Común de Ejecutorías de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, el archivo donde se registran todas las condenas y sus penas. El operativo no llegó tan lejos en el plano económico como esperaban.

Los funcionarios lograron incautarse de bienes de 57 expresos de ETA y de condenados por la 'kale borroka' (17 presos de la organización terrorista y 40 miembros de la violencia callejera), según el recuento final de la Jefatura de Información (UCE1) y de los grupos de información del País Vasco y Navarra.

En total, los agentes se incautaron de cuatro vehículos (entre ellos un todoterreno y una caravana); se inmovilizaron 45 cuentas bancarias y depósitos y se bloquearon 14 propiedades inmobiliarias (viviendas, locales comerciales y plazas de aparcamiento) con anotaciones en los registros de las tres provincias vascas, Navarra y La Rioja.

Además, la Audiencia Nacional ordenó la retención de todo lo que supere el salario mínimo interprofesional de una treintena de nóminas de aquellos investigados que tienen un trabajo asalariado.

Sin embargo, según las primeras estimaciones, los bienes incautados no se acercan, ni mucho menos, a los ocho millones de euros que los agentes buscaban. Esa cifra es el montante de las responsabilidades civiles que el Servicio Común de Ejecutorías y la Guardia Civil habían localizado tras examinar durante meses un total de 59 sentencias cuyas responsabilidades pecuniarias no habían prescrito al no haber pasado más de 15 años desde el fallo. Solo en dos casos, los acusados habían satisfecho el pago.

Según mandos de la investigación, la operación desatada ayer tuvo que ser «limitada» porque las grandes responsabilidades civiles pendientes, decenas de millones de euros, corresponden a los terroristas que se enfrentan a grandes penas, por lo que cuando salen a la calle y comienzan a trabajar sus responsabilidades ya han prescrito.

Nombres ilustres

Aun así, sí que hay algunos nombres notables en la lista de embargados como Idoia López Riaño, 'La Tigresa', en libertad desde 2017 tras 23 años presa; Mercedes Galdós Arzuaga, 'Bitxori', exintegrante del 'comando Nafarroa' y libre desde 2005 tras cumplir 19 años de prisión o Enrique Letona, libre desde 2004.

Entre los miembros de la 'kale borroka' que también vieron sus bienes bloqueados está Roberto Carlos Vecino Santamaría, que participó en un atentado con unas oficinas de la BKK en Baracaldo en 2001, al que la Guardia Civil retiró su vehículo todoterreno de un polígono de esa misma localidad vizcaína; o Juan Pablo Montoya Galar, condenado a siete años en 2007 por participar en varios actos vandálicos en Navarra. Este último depositó ayer en la Audiencia Nacional la cantidad que adeudaba para evitar el embargo de su coche.

«Esta operación pone de manifiesto que las fuerzas de seguridad del Estado, tras el anuncio de ETA de su disolución, seguirán trabajando para que los terroristas salden sus deudas con la Justicia, incluidas las económicas», apuntó el Ministerio del Interior.

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