La Guardia Civil atribuye el delito de sedición a varios altos cargos detenidos

Según fuentes de las defensa de varios de los arrestados -siete de los catorce estaban ya en libertad provisional a última hora de la tarde ayer- la Guardia Civil defiende ante el juez Juan Antonio Ramírez Sunyer, titular del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, que al menos el secretario general de Economía, Josep María Jové, y la directora de Servicios de la Secretaría General de Vicepresidencia, Natalia Garriga, han podido cometer sedición.

Este tipo penal, que se incluye entre los delitos contra el orden público, castiga a las personas que «se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes o a cualquier autoridad y funcionario público el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos o de las resoluciones administrativas o judiciales». Su pena puede llegar hasta los 15 años de prisión en su variante agravada, igual que si se tratase de un homicidio.

El delito de sedición no figura en el comunicado que el Tribunal Superior de Justicia envió sobre los hechos delictivos que indaga el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona a los 20 investigados. En esas diligencias el juez Ramírez Sunyer ordenó las entradas y registros en seis sedes de la Generalitat, tres almacenes y una treintena de domicilios y/o empresas por la presunta comisión de desobediencia, prevaricación y malversación (delito penado con hasta ocho años de prisión).

El delito de sedición, sin embargo, sí figuraba en la denuncia del abogado Miguel Durán, a partir de la que el juez inició la investigación a finales de febrero, y la presentada posteriormente por el partido político VOX. Los acusadores procedieron por las revelaciones realizadas en una conferencia por el exsenador de Esquerra Santiago Vidal, inhabilitado durante tres años como juez por redactar un proyecto de Constitución catalana.

Esa causa dirigida por el juez Ramírez Sunyer permanece secreta desde febrero y la Policía Judicial responsable de las pesquisas es la Guardia Civil. Se trata de los mismos investigadores que realizaron el miércoles los registros y las detenciones de 14 personas, una potestad que les otorga su condición de Policía Judicial.

Durante la cuarentena de registros que se practicaron se clonaron ordenadores, se requisaron papeles y a los detenidos se les incautaron móviles y dispositivos informáticos, según fuentes judiciales.

En el caso de Jové, número dos del vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, los agentes le arrestaron sobre las 8:00 de la mañana cuando circulaba por la Ronda Litoral de Barcelona. Varias patrullas de la Guardia Civil le salieron al paso y le detuvieron. Después le llevaron a su domicilio para que asistiera, junto a su abogado, al registro, en el que los agentes incautaron móviles, equipos informáticos y documentación. Al acabar, no lo llevaron a su despacho de la Consejería de Economía, sino al cuartel de la Guardia Civil donde, a última hora de ayer, estaba pendiente de tomarle declaración judicial.

El abogado de Jové y los de otros nueve detenidos solicitaron un 'habeas corpus', esto es, una comparecencia urgente ante un juez para valorar la legalidad de la detención. Pero un juzgado de Barcelona y otro de Martorell rechazaron hoy estos incidentes al considerar que los arrestos se hicieron conforme a la ley.

De los 14 detenidos, al menos siete están en libertad provisional: los dos altos cargos de Trabajo, David Palanques y David Franco; el de la Consejería de Gobernación, Ignasi Sánchez; el responsable del Área de Tecnologías, Xavier Puig, y el empresario que guardaba las papeletas, Pau Furriol, además de Mercedes Martínez. Asimismo, también quedó en libertad provisional la directora de Servicios de la Vicepresidencia, Natalia Garriga.