El Govern utilizó la «capacidad intimidatoria» de los Mossos

La juez considera probado que la policía catalana «espió» a las fuerzas de seguridad del Estado

M. SÁIZ-PARDO

madrid. Carmen Lamela en su relato sobre esa «organización criminal» que tenía como propósito la secesión de una parte del Estado reserva un papel central en ese entramado a los Mossos d'Esquadra, casi más importante que a las organizaciones de movilización de masas (ANC y Ómnium). La juez, que mantiene imputado a quien fuera el máximo jefe de la institución, Josep Lluís Trapero, considera que el proceso hacia la declaración de independencia impulsado por los investigados no hubiera sido posible sin la utilización de los Mossos.

«Resultaba esencial (en el proceso hacia la independencia) contar con la capacidad investigadora e intimidatoria de los Mossos d' Esquadra, cuerpo policial integrado por más de 17.000 efectivos armados, con el potencial efecto coercitivo que los mismos representaban», explica sin ambages la instructora de la Audiencia Nacional.

La juez concluye que se ha producido una «utilización ilegal» de los Mossos al servicio de los intereses secesionistas, tanto en los «actos sediciosos» como en la celebración del referéndum ilegal.

Pero Lamela va más allá. Considera probado, tal y como denunciaron diferentes responsables de Interior en los días previos al 1-O y en la jornada de la votación, que la policía autonómica llevo a cabo vigilancias y seguimientos no judicializados a las Fuerzas de Seguridad del Estado que trataban de abortar la votación declarada ilegal. La juez zanja que los Mossos llevaron a cabo «actuaciones de espionaje a los miembros de la Policía y Guardia Civil y acciones de vigilancia y contravigilancia a miembros de la organización que eran seguidos y vigilados en el curso de las investigaciones judiciales».

Las duras acusaciones de Carmen Lamela a la policía catalana en el auto conocido ayer se unen a las denuncias, igualmente contundentes, que la instructora hizo contra los jefes de los Mossos el pasado 2 de noviembre en otro de sus escritos. En aquel auto, Lamela aseguró que «los altos mandos» del cuerpo autonómico, empezando por el propio Trapero, impartieron órdenes «orales» secretas para que los agentes desobedecieran el 1-O las instrucciones del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de desalojar los colegios ocupados. Según la juez, Trapero estuvo en «conexión directa» con la ANC y Ómnium a la hora de ordenar la «inacción» de los agentes ese día.

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