El Govern se rebela contra la Fiscalía por los Mossos

El conseller de Interior, Joaquim Forn, en una intervención tras los atentados junto al mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero. :: a. dalmau / efe/
El conseller de Interior, Joaquim Forn, en una intervención tras los atentados junto al mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero. :: a. dalmau / efe

Una instrucción del fiscal superior enoja a la Generalitat al quedar la policía catalana bajo la coordinación de Interior para impedir el referéndum, aunque Trapero comunica que acatará las órdenes

MATEO BALÍN

Los ataques a la comisión judicial de la 'operación Anubis' contra el núcleo organizador del referéndum catalán del 1 de octubre, suspendido por el Tribunal Constitucional, provocó el pasado viernes la intervención de la Fiscalía Superior de Cataluña. En una instrucción dirigida a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Guardia Civil, Policía Nacional y Mossos d'Esquadra, el fiscal superior José María Romero de Tejada recordó la orden dada el pasado 8 de septiembre para que actuaran contra la celebración de la citada consulta «ilegal». Asimismo, tomó la decisión, a la vista de los actos de sedición denunciados este viernes en la Audiencia Nacional, de que a partir de ahora sea el Ministerio del Interior quien coordine los dispositivos que se pongan en marcha hasta el próximo domingo.

Esta decisión provocó la reacción airada del Govern, ya que en la práctica supone que la actividad de los Mossos en relación al 1-O quedará supeditada al mando operativo del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad. Un organismo dirigido por el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, quien asumirá la dirección técnica del nuevo mando, que seguirá liderado por el fiscal superior de Cataluña según menciona la instrucción.

Romero de Tejada justificó su decisión en la necesidad de cumplir con los mandatos judiciales ordenados y al objeto de participar la coordinación de los cuerpos participantes. Este cambio de planes se debe a los incidentes acaecidos el pasado miércoles durante el desarrollo de la 'operación Anubis'. Sobre todo por las imágenes de los vehículos de la Guardia Civil destrozados frente a la consejería de Economía, durante el registro ordenado por el juez Ramírez Sunyer; la imposibilidad de la comisión judicial de salir del edificio, el acoso a las furgonetas de los antidisturbios de la Policía Nacional al abandonar la sede de la CUP en Barcelona o las concentraciones frente a la consejería de Exteriores.

Forn denuncia una nueva «injerencia del Estado» y asegura que la «voluntad» de los Mossos es no aceptar

Para ello, el fiscal superior se amparó -como autoridad para decidir quién asume la dirección de la Policía Judicial en una investigación- en la Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. El artículo 46 le faculta para nombrar un coordinador operativo que convoque cuantas reuniones considere oportunas o planifique los dispositivos. El artículo 46.2 señala que si concurren diferentes cuerpos policiales del Estado y de la Comunidad Autónoma, la dirección será del organismo estatal. De ahí que Romero de Tejada haya elegido para tal fin al coronel de la Guardia Civil, a la sazón alto cargo de Interior.

La misma circunstancia se dará a partir de mañana en las diferentes reuniones provinciales de coordinación previstas para impedir el referéndum del 1 de octubre. Se van a crear mandos paralelos dirigidos por miembros del Gabinete de Coordinación y Estudios de Interior y con representación territorial de los tres cuerpos policiales.

Todos estos extremos fueron dados a conocer el viernes por la tarde por el fiscal superior a los responsables en Cataluña de Guardia Civil y Policía Nacional, al director de la Guardia Urbana de Barcelona, Evelio Vázquez, y al mayor de los Mossos Josep Lluis Trapero. A esa cita ya acudió el coronel Pérez de los Cobos.

Los mismos actores volvieron a encontrarse ayer por la mañana en la sede de la Fiscalía Superior. Esta vez también estaba el general de división de la Guardia Civil Ángel Gonzalo Martín, jefe de la Zona de Cataluña. Mañana tendrá lugar otro encuentro del mando coordinador, el primero operativo.

Fuentes de Interior precisaron ayer que esta decisión no supone intervenir ni asumir las competencias de los Mossos por parte del Estado. La policía catalana seguirá con sus cometidos comunes de seguridad ciudadana, aunque en el caso de las actuaciones para impedir el referéndum tendrá que acatar lo que diga el mando operativo de la Guardia Civil bajo la supervisión del fiscal.

Acata pero no comparte

El problema deriva precisamente en la interpretación política de esta nueva estructura policial contra el 1-O. Los Mossos la acatan -una circular interna conocida ayer así lo atestigua y Trapero en la reunión no dijo que no fuera a cumplir las órdenes del coronel-, pero no la comparten. Mientras tanto, el Govern se mostró mucho más duro y manifestó su frontal oposición «a la injerencia del Estado» entre una cascada de calificativos.

La nota interna de la Jefatura de los Mossos indica que se «seguirá dando cumplimiento» a las órdenes del fiscal, «pero que no comparte que una parte de la actividad del cuerpo sea ordenada y tutelada por un órgano que depende del Ministerio del Interior». También se informa a los agentes de que los servicios jurídicos del Departamento de Interior y de la dirección de la Policía de la Generalitat están estudiando la instrucción de la Fiscalía, a la que propuso como alternativa que esta coordinación sea ejercida por órganos existentes, como la Junta de Seguridad de Cataluña.

A pesar de no compartir la instrucción, la nota es taxativa al indicar que «los Mossos d'Esquadra, a lo largo de su historia, han mostrado un respeto escrupuloso a las órdenes que le han llegado de jueces, tribunales y ministerio fiscal, posición que evidentemente seguiremos manteniendo». Pero también constataron que la policía ha mostrado siempre un respeto «a la dependencia gubernativa que emana del actual marco normativo», en alusión a su dependencia del Govern.

En cambio, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, hizo un llamamiento a la serenidad pese a las «provocaciones, sobreactuaciones, rumores y falsas consignas» del Estado y el consejero del Interior, Joaquim Forn, fue mucho más incendiario al asegurar que los Mossos expresaron al fiscal «la voluntad del Cuerpo de no aceptar la coordinación del representante del Estado español» con el resto de fuerzas de seguridad. Unas palabras que quedaron vacías tras conocerse a posteriori la nota de la policía catalana.

Forn calificó la instrucción como un «hecho inaceptable», denunció la voluntad del Gobierno de intervenir los Mossos «tal como se ha hecho con las finanzas» y dijo que la decisión «se salta todos los órganos que el marco jurídico dispone para coordinar la seguridad de Cataluña». Por su parte, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, afirmó que ante «las injerencias injustificadas y arbitrarias del Estado, defenderemos las competencias de los Mossos».

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