González evita implicar a cargos del PP en la trama del Canal de Isabel II

Arriba, el furgón que trasladó al expresidente madrileño. A la derecha, Ignacio González y el juez Manuel García Castellón. :: efe/
Arriba, el furgón que trasladó al expresidente madrileño. A la derecha, Ignacio González y el juez Manuel García Castellón. :: efe

El expresidente madrileño insiste en su inocencia y pedirá su libertad en los próximos días al juez García Castellón

A. A.

madrid. El expresidente madrileño Ignacio González abandonó ayer por unas horas la cárcel de Soto del Real para declarar a petición propia ante el juez instructor de la 'operación Lezo', Manuel García Castellón. González, en prisión desde el pasado abril y acusado de una decena de delitos por supuestas irregularidades en la gestión de la empresa de aguas de Madrid, Canal de Isabel II, no pidió su puesta en libertad porque lo hará en los próximos días su defensa. Sí trató de rebatir los argumentos por los que a principios de junio la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acordó enviarle a prisión en base a una conversación interceptada por las fuerzas de seguridad a dos investigados que decían que el expresidente tiene «dinerillo b». La Sala de lo Penal consideró entonces que existía riesgo de fuga y de destrucción de pruebas.

Cuando fue arrestado, González desconocía los cargos que se le imputaban al haberse declarado el secreto de sumario. Una vez éste ha sido levantado de forma parcial, el expresidente y su defensa han podido conocer las operaciones de las que se derivan las irregularidades detectadas. Una de ellas sería la compra de la empresa brasileña Emissao, en la que se sospecha que se habría pagado un sobreprecio de unos 25 millones pese a tener en contra los informes de auditoria. Según la investigación, el objetivo real de este negocio «era desviar a fines privados los fondos públicos utilizados». Se estima que unos 20 millones que fueron a parar a cuentas bancarias de Suiza y Brasil.

Aspecto desmejorado

El expresidente madrileño, con aspecto desmejorado, insistió ante el juez en su inocencia y señaló que, por lo tanto, no existe riego de fuga ni de destrucción de pruebas. Mientras, la defensa alegó que la reclusión a la que está sometido su cliente es «un castigo injustificado». También se destacó que González respondió a las preguntas que le formuló la fiscal Anticorrupción Carmen García, una actitud con la que se busca evidenciar la voluntad de colaboración del detenido.

Esta es la primera vez que González declara ante el juez García Castellón, que en junio sustituyó a Eloy Velasco al frente del juzgado número 6 de la Audiencia Nacional. Tras materializarse el relevo del instructor, todos los implicados en la trama encarcelados pidieron comparecer ante el nuevo responsable de la investigación. La primera en hacerlo fue la ex directora financiera del Canal de Isabel II, María Antonia Richmond, quien vio reducida la fianza de los cuatro millones que en su día le impuso Velasco a 100.000. También acudió al juzgado la semana pasada Edmundo Rodríguez Sobrino, hombre de confianza del expresidente en América Latina y al igual que él en la cárcel. Rodríguez Sobrino también negó todas las acusaciones que pesan sobre él.

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