El Gobierno teme que se rompa el frágil equilibrio logrado tras el 155

Dos personas sostienen una estelada frente a la Audiencia Nacional durante la declaración de Junqueras y los exconsejeros. :: Mariscal / efe/
Dos personas sostienen una estelada frente a la Audiencia Nacional durante la declaración de Junqueras y los exconsejeros. :: Mariscal / efe

Junqueras llama a través de las redes sociales a la acción para que «el bien derrote al mal» en las elecciones catalanas

N. VEGA / M. E. ALONSO

MADRID. Si algo ha enseñado el proceso independentista al Gobierno es que la maquinaria judicial es imparable cuando sus engranajes entran en funcionamiento. Oficialmente, el Ejecutivo eludió ayer todo comentario sobre la decisión de la juez Carmen Lamela de decretar prisión incondicional sin fianza para el exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, y siete de los consejeros de Carles Puigdemont. Pero, en privado, fuentes gubernamentales admitieron su preocupación por los efectos del encarcelamiento.

En los últimos días el Gobierno había detectado que la situación en Cataluña comenzaba a «normalizarse». Ni los ministerios se han topado con amagos de resistencia del funcionariado catalán al aplicar el artículo 155 de la Constitución y tomar las riendas de las consejerías ni se han registrado incidentes en las calles. PP, PSOE y Ciudadanos interpretan que la convocatoria de elecciones autonómicas ha servido para neutralizar de alguna manera el trauma de la intervención de la autonomía. El temor ahora, sin embargo, es que la frágil «tranquilidad» lograda se revierta.

Fuentes del Ejecutivo defienden que «esto es la separación de poderes». Y argumentan que ningún magistrado de la Audiencia Nacional está obligado a actuar según los intereses de la política. En este contexto, «respetan las decisiones judiciales». Pero no significa que no analicen sus consecuencias.

El Ejecutivo y el PSOE creen que la «fuga» de Puigdemont perjudicó al resto de consejeros

También en el PP anticiparon que el separatismo se alimentará de la contundencia del Estado de Derecho y hará girar su discurso en torno al «victimismo» y a la existencia de «presos políticos» en un marco en el que «confunden poder ejecutivo y judicial». Especialmente, «en el corto plazo», porque recuerdan algunos cargos del partido que el tiempo que resta hasta los comicios del 21 de diciembre es aún demasiado extenso.

El exvicepresidente catalán llamó ayer mismo en Twitter a dar la batalla en las elecciones autonómicas: «Haced cada día todo aquello que esté a vuestro alcance para que el bien derrote al mal en las urnas el 21-D. En pie, con determinación y hasta la victoria». No sólo Oriol Junqueras recurrió a las redes sociales. Quien ejercía de consejero de Territorio, Josep Rull, publicó una imagen de sí mismo votando en el referéndum del 1 de octubre. «Si veis este tuit es que me han encarcelado por ser fiel a las urnas», escribió al tiempo que el ex responsable de Presidencia, Jordi Turull, instaba a defender «pacíficamente la democracia y la dignidad de Cataluña».

Frente a este argumento, desde el Gobierno replicaron que la marcha de Carles Puigdemont a Bruselas sólo ha empeorado la situación procesal del resto de miembros de su gabinete al reforzar la existencia de riesgo de fuga. Una decisión, la de permanecer en Bélgica, que el PSC calificó de «no acertada».

«Desproporcionada»

En un comunicado, el partido liderado por Miquel Iceta avisó de que «nunca se debería haber llegado a esta situación» y acusó al expresidente de la Generalitat de colocar las instituciones de Cataluña fuera de la legalidad. Los socialistas catalanes, aunque aseguraron «acatar» la decisión de la juez de la Audiencia Nacional, la tildaron de «desproporcionada».

El portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Óscar Puente, salió al paso de las críticas del PSC y advirtió de que «el barco -en referencia a Ferraz- tiene un rumbo y va a seguir con él». El dirigente socialista rechazó valorar la decisión de Lamela e incidió en la «separación» entre el poder judicial y el poder político en España, como en cualquier Estado de derecho. «La política va por un lado y la justicia por otro», remarcó Puente, que vinculó la «fuga» de Puigdemont con los encarcelamientos preventivos.

Ciudadanos también manifestó su respeto a la decisión judicial, aunque su presidente se mostró muy duro con los exconsejeros ya encarcelados. «Cuando uno desacata permanentemente la ley y los tribunales, tiene que comprender que a lo mejor un juez lo imputa, lo llama a capítulo y decide que no puede estar en libertad si se salta continuamente la ley», remarcó Albert Rivera.

Mucho más severo, pero con la resolución de la Audiencia Nacional, se mostró Podemos a través de su secretario general, Pablo Iglesias, que pidió la «libertad» para los «presos políticos» y se reconoció «avergonzado» por el hecho de que se haya encarcelado a «opositores». El secretario de Organización del partido, Pablo Echenique, fue más allá y relacionó las detenciones con el nazismo. «Justo lo que pedían los neonazis a las puertas de la Audiencia. Más gasolina, más irresponsabilidad, más odio», criticó en su perfil de Twitter.

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