El Gobierno responsabiliza en exclusiva a Puigdemont de la crisis

El Ejecutivo dice que jamás habría podido aceptar la idea de la Generalitat de excarcelar a los líderes de ANC y Òmnium

NURIA VEGA MADRID.

La ventana abierta a lo largo de la mañana a una convocatoria electoral se cerró de golpe a las cinco de la tarde. Y con la confirmación de que Carles Puigdemont no llamaría hoy a las urnas, el Gobierno se precipitó a responsabilizar por completo de la crisis en Cataluña al presidente de la Generalitat. Los esfuerzos se centraron en poner el foco en el independentismo y echar por tierra el argumento de la inflexibilidad de la Moncloa. Pese a que el artículo 155 de la Constitución se activó el pasado sábado, fuentes gubernamentales insisten en que los dirigentes catalanes siempre tuvieron en sus manos la vuelta a la legalidad, una circunstancia que habría frenado la intervención de la autonomía.

Si para el Gobierno la prioridad es «restaurar el orden constitucional» en Cataluña, no resulta menos importante dejar constancia de que Puigdemont ha desaprovechado «todas las oportunidades» puestas a su disposición y dar la batalla tanta veces perdida del relato frente al secesionismo. La vicepresidenta compareció ayer en la comisión articulada en el Senado para el estudio del 155 y recordó que el líder autonómico no quiso virar con el requerimiento que se le hizo llegar ni accedió a comparecer en la Cámara alta.

No se detuvo en la contundencia mostrada por el Ejecutivo esta semana al descartar que la mera convocatoria de elecciones sirviera para frenar el 155. Soraya Sáenz de Santamaría insistió en que nada ha acontecido desde el Consejo de Ministros que puso en marcha el procedimiento, que siempre se ha tratado de negar la declaración unilateral de independencia y retornar «simplemente» a la legalidad. «Desde el sábado no ha pasado nada relevante, desde entonces no ha habido más que ruido, sólo ruido y no lo ha provocado este Gobierno, que ha estado en su sitio y seguirá estando», advirtió con una llamada a que cada uno asuma su responsabilidad.

Rajoy mantuvo varias conversaciones con los líderes de PSOE y Ciudadanos En el PSC creen que la falta de gestos del Gobierno influyó en la decisión de Puigdemont

Al Gobierno le molestó especialmente que Puigdemont apuntara que no se han dado «garantías» de que los comicios autonómicos se pudiesen celebrar con «absoluta normalidad». Si se trataba de una acusación velada al Ejecutivo, fuentes gubernamentales descartan que ellos tuvieran que dar «garantías» de nada y renuncian a buscar explicaciones a los cambios de criterio de Puigdemont.

Durante la mañana, en la Moncloa creyeron tener la certeza que el presidente catalán tenía preparado el decreto de convocatoria de elecciones. La prudencia y el silencio se impusieron en el Gobierno a la espera de una declaración institucional que fue retrasándose durante horas en el Palau de la Generalitat. Cargos del PP trasladaron que la colocación de las urnas sería bien recibida, sobre todo si estuviese acompañada de un compromiso de restauración de la legalidad, que es lo que persigue, incidieron, la aplicación del 155 de la Constitución.

Algunas voces del Ejecutivo ya habían dejado entrever a lo largo de la semana, y siempre en privado, que en el caso poco probable de unos comicios autonómicos que respetaran el Estatuto y la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, habrían estado dispuestos a ser flexibles. Pero nadie lanzó hoy las campanas al vuelo. Poco antes de las cinco un alto cargo del Gobierno dio por hecho que Puigdemont se inclinaba más por seguir caminando hacia la independencia que por las elecciones.

La información fluyó con cuentagotas y representantes del Ejecutivo dejaron claro que no les «constaba» que hubiese habido una comunicación directa entre la Moncloa y el líder de la Generalitat.

Otras fuentes del Gobierno, en cambio, aseguran que terceras personas, con contactos en ambas partes, hicieron llegar mensajes al Ejecutivo. Mensajes en los que se planteó la oportunidad de que se pusiera en libertad al presidente de la Asamblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez, y al de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y se concediera de alguna manera inmunidad a Puigdemont.

Desde la Generalitat se negó que el jefe del Ejecutivo catalán pidiera protección para sí mismo. En cuanto a revocar la prisión condicional de Sánchez y Cuixart, un responsable del Gobierno central sostuvo que jamás Mariano Rajoy habría podido aceptar algo ni siquiera parecido cuando depende en exclusiva de los tribunales. «Existe la separación de poderes», suscribieron otras voces tanto del Ejecutivo como del PP.

Con quienes Rajoy mantuvo un contacto permanente durante la jornada fue con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera. El Gobierno trabaja por que la unidad con ambas formaciones no se quiebre antes de que este viernes concluya el pleno en el Senado y, después, durante la gestión de las medidas del 155.

Fuentes cercanas al primer secretario del PSC sí analizaron, sin embargo, que la falta de «gestos positivos» por parte del Gobierno de Rajoy pudo disuadir este jueves a Puigdemont de convocar eleccciones. Aunque también interpretaron que el presidente catalán recibió presiones de los suyos. En la Moncloa ni tan siquiera se descarta que vuelva a cambiar de opinión.

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