El Gobierno rechaza hablar con Torrent de los diputados huidos

NURIA VEGA MADRID.

Desde la Moncloa se respondió ayer con cautela a la propuesta de encuentro de Roger Torrent con Mariano Rajoy. La invitación del presidente de la Cámara catalana a dialogar lleva adosada la elección de Carles Puigdemont como candidato a la investidura y el anuncio de un viaje a Bruselas para entrevistarse con el expresidente de la Generalitat. Ambas circunstancias generan desconfianza en el Gobierno, que advirtió de que «las cuestiones judiciales no son competencia» del jefe del Ejecutivo.

Fuentes gubernamentales aclararon que Rajoy no descarta hablar con nadie, tampoco con Torrent. Pero entienden que, al menos mientras la carta no llegue, lo urgente es dejar claro que «el Gobierno no es el Tribunal Supremo». En su misiva para solicitar una cita formal, el presidente del Parlamento catalán defiende «iniciar un diálogo inmediato que ayude a resolver los problemas políticos, institucionales y de legitimidad democrática que podrían surgir en caso de mantenerse los condicionantes actuales que pesan sobre algunos de los diputados». Pero en el Ejecutivo sostienen que no está entre sus atribuciones abordar la situación de los tres parlamentarios en prisión provisional y de los huidos a Bélgica.

El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, reiteró, de hecho, que el Ejecutivo recurrirá cualquier decisión de la Mesa del Parlamento contraria a la ley. Esto significa que en la Moncloa seguirán de cerca la deliberación de hoy en la Cámara catalana, donde se resuelve si el expresidente de la Generalitat y los exconsejeros desplazados a Bruselas pueden delegar su voto en la sesión de investidura. En caso afirmativo, habrá impugnación. Y se actuará del mismo modo si se pretende designar a Puigdemont a distancia.

Malversación

El Gobierno reclamó por ello a Torrent que «antes de enviar cartas», escuche a los partidos que le piden repensar su propuesta de Puigdemont. Tanto Ciudadanos como el PSC han anunciado que pedirán formalmente la reconsideración. Los socialistas, además, se plantean, en caso de no ser atendida su demanda, presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

Mientras, el PP acusó a Torrent de proponer una «ilegalidad flagrante». Y el vicesecretario de Comunicación, Pablo Casado, denunció una posible malversación de los fondos del Parlamento si su presidente viaja a Bruselas para reunirse con un «prófugo».

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