El Gobierno propondrá a la UE reformar la euroorden tras la experiencia con Puigdemont

Rafael Catalá durante su intervención el pasado 29 de noviembre en la sesión de control al Gobierno en el Congreso. :: J. C. Hidalgo / efe/
Rafael Catalá durante su intervención el pasado 29 de noviembre en la sesión de control al Gobierno en el Congreso. :: J. C. Hidalgo / efe

Rajoy confiesa que le «trae sin cuidado» que el exlíder catalán vuelva o no a España en plena campaña electoral

NURIA VEGA MADRID.

La huida de Carles Puigdemont a Bruselas podría acabar derivando en una revisión de la euroorden como instrumento de cooperación jurídica entre socios comunitarios. El ministro de Justicia planteará mañana a sus colegas de la UE una reflexión sobre el funcionamiento de un sistema que, pese a los avances consolidados, no resulta, a su entender, todo lo «ágil» y eficaz que debería. Y como muestra, Rafael Catalá explicará el caso del expresidente de la Generalitat.

El pasado 30 de octubre se supo que, cesado en aplicación del artículo 155 de la Constitución, Puigdemont había decidido refugiarse en Bruselas junto a varios de sus consejeros. Ese mismo día el entonces fiscal general del Estado, José Manuel Maza, fallecido en Argentina el 18 de noviembre, anunció las querellas contra el exdirigente catalán, todos los integrantes de su Gobierno y seis miembros de la Mesa del Parlamento autonómico por los delitos de rebelión, sedición y malversación.

El movimiento del Ministerio Público a raíz de la culminación del proceso secesionista condujo a prisión provisional a Oriol Junqueras y al resto de máximos representantes de la Generalitat que permanecían en Cataluña. La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela dictó, asimismo, el 3 de noviembre una orden europea solicitando a la justicia belga la detención y entrega de Puigdemont y los cuatro consejeros que le acompañan. Transcurrido más de un mes, Catalá concluye que ha llegado el momento de revisar el modelo.

Ni la sedición ni la rebelión ni la malversación figuran en la lista de los 32 delitos para los que la euroorden establece una entrega casi automática. En este caso, además, la situación se complica, porque los dos primeros tipos penales tampoco encuentran una equivalencia exacta, literal, en la legislación belga. Esta circunstancia plantea un problema, dado que se puede denegar el traslado de un detenido si aquello de lo que se le acusa no está contemplado como ilícito en el Estado donde se encuentra.

La sospecha de que Bélgica iba a rechazar que Puigdemont y los consejeros pudieran ser investigados por rebelión en España, llevó el martes al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena a retirar las euroórdenes emitidas por Lamela. El objetivo es evitar que desde la justicia belga se restrinjan los delitos y lograr así que todos los miembros del destituido Gobierno se encuentren en igualdad de condiciones.

El ministro de Justicia, que ayer asistió al acto del Congreso en conmemoración del 39º aniversario de la Constitución, considera «inteligente y razonable» el golpe de efecto de Llarena para sortear la estrategia de Puigdemont. Pero al mismo tiempo concluye que el sistema de órdenes europeas debería ser sometido a revisión y así se lo trasladará al Consejo de Ministros de Justicia y Asuntos de Interior mañana precisamente en Bruselas.

Cuestión de confianza

Desde que la euroorden entró en vigor en 2004 ha funcionado como herramienta especialmente útil para la lucha contra el terrorismo y, en el caso de España, para dejar a ETA sin refugio posible en Europa. Se basa en la confianza de que los socios comunitarios son capaces de garantizar una justicia con garantías en sus territorios. Así que una de las soluciones que se podrían poner sobre la mesa sería la ampliación del núcleo de delitos que permite la entrega rápida. «Es un instrumento que está en proceso de reforma permanente», relativizan desde la Moncloa, donde exigen en todo caso responsabilidad a Puigdemont.

La vicepresidenta del Gobierno recordó ayer al exlíder catalán que tiene una «cuenta pendiente con la justicia». «Cuando uno actúa tiene que ser responsable de sus actos y asumir las consecuencias de sus acciones», reprochó Soraya Sáenz de Santamaría a su llegada a la Cámara baja.

Mariano Rajoy, en cambio, manifestó que le «trae sin cuidado» si Puigdemont vuelve, en cuyo caso sería detenido de inmediato, o si sigue desde Bélgica la campaña electoral. «Que haga lo que quiera», replicó el jefe del Ejecutivo, convencido de que se ejerza como «presidente o conserje», al final la ley es igual para todos.

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