El Gobierno impugnará la candidatura de Puigdemont pese al revés del Consejo de Estado

El expresidente de Cataluña a su llegada el lunes al aeropuerto de Copenhague para participar en un debate universitario. :: r. ramírez / efe/
El expresidente de Cataluña a su llegada el lunes al aeropuerto de Copenhague para participar en un debate universitario. :: r. ramírez / efe

El Ejecutivo argumenta que el informe del órgano consultivo, que no avala la oportunidad de acudir al Constitucional, no es vinculante

NURIA VEGA MADRID.

Mariano Rajoy se encontró anoche con un contratiempo que en absoluto contemplaba. Horas después de que el Gobierno anunciase su intención de impugnar la candidatura de Carles Puigdemont a la Generalitat, el órgano consultivo discrepó sobre que este sea el momento de acudir al Tribunal Constitucional. El informe que llegó a la Moncloa sí respalda en todo caso, según fuentes gubernamentales, los «argumentos jurídicos» del Ejecutivo, que a última hora confirmó su intención de «seguir adelante».

El revés no deja de ser llamativo porque en realidad estos no eran los tiempos que manejaban inicialmente en la Moncloa. El Gobierno sorprendió este jueves al precipitar su respuesta e iniciar los trámites para frenar ya la investidura de Puigdemont. En una comparecencia extraordinaria, Soraya Sáenz de Santamaría anunció que el presidente había pedido al Consejo de Estado el informe preceptivo con el fin de impugnar este mismo viernes la candidatura del líder de Junts per Catalunya a presidir la Generalitat.

El Consejo de Ministros tomará hoy la decisión definitiva, pero fuentes gubernamentales recordaron ayer que si bien es obligatorio solicitar el pronunciamiento del Consejo de Estado, su posición no es «vinculante» e insistieron en que, dado que el órgano comparte el fondo de su argumentación, no revisarán sus planes. A cinco días del debate parlamentario, el Ejecutivo está determinado a impedir por esta vía que la Cámara catalana llegue a otorgar su confianza a un dirigente político sobre el que pesa una orden de detención. La impugnación, de ser admitida a trámite, suspenderá automáticamente la candidatura de Puigdemont.

El Gobierno ha tenido dos días esta semana para replantear su estrategia. Fue el lunes cuando el nuevo presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, señaló al cabeza de cartel de Junts per Catalunya como aspirante. La propuesta formal apareció el martes en el Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña. Desde la Moncloa se advirtió entonces sobre la voluntad del Ejecutivo de no dar pasos en falso. «Ni siquiera sabemos cuándo es el pleno de investidura -apuntó cauteloso el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón-; cada cosa a su tiempo».

Hasta ahora, el Gobierno estaba a la espera de que la Cámara anunciara de manera oficial cómo pretendía llevar a cabo la elección del presidente de la Generalitat con el candidato instalado en Bruselas. «Si alguien dice que el señor Puigdemont va a comparecer a través de una televisión, no podemos recurrirlo -argumentó en esta línea el miércoles Rajoy en una entrevista en Onda Cero-, pero sí la decisión de la Mesa que diga cómo se va a actuar». Ayer, sin embargo, cambió el guión. Tras estudiar con los servicios jurídicos del Estado todas las opciones viables, el Ejecutivo llegó a la conclusión de que sí hay base suficiente para proceder. Y el argumento sobre el que gira la impugnación es que a día de hoy el expresidente catalán «carece de derecho a la libertad deambulatoria». En otras palabras, que no hay forma legal de que acuda al Parlamento el día 30 a presentar su proyecto de gobierno sin ser arrestado.

«El estatus jurídico actual del señor Puigdemont es incompatible con su comparecencia personal en la Cámara, ya que pesa sobre él una orden judicial de detención que debe hacerse efectiva tan pronto como entre en territorio español», justificó la vicepresidenta.

Aviso a Torrent

En el Gobierno creen que su planteamiento no entra en colisión con el derecho de Puigdemont a volver a España, donde sería arrestado y, en caso de ingresar en prisión provisional, podría pedir al juez asistir al debate de investidura. Existe el precedente de Juan Carlos Yoldi, preso de ETA y candidato a lehendakari en 1987. La justicia resolvió entonces concederle la posibilidad de acudir a la Cámara vasca para defender su propuesta.

«Nosotros no presentamos este recurso por una posibilidad de futuro -respondió Sáenz de Santamaría-, sino por una circunstancia de presente». Según la vicepresidenta, lo primero que tiene que hacer Puigdemont es ponerse a disposición de la justicia.

El reloj, sin embargo, avanza. El 31 concluye el plazo para celebrar el debate de investidura y, cuando se pronuncie el Constitucional, la decisión estará en manos de Torrent, al que el Gobierno está a punto de colocar en la tesitura de desobeceder, en su caso, una resolución judicial o proponer «otro» candidato. Por lo que pueda pasar, Rajoy pidió ayer la opinión del Consejo de Estado también sobre si es posible recurrir una investidura a distancia. En esto, para alivio del Gobierno, no hubo diferencias de criterio.

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