El Gobierno hurga en las desavenencias entre los consejeros de la Generalitat

Rajoy asegura que está muy «tranquilo» y Saénz de Santamaría cree que la consulta «acabará» con el Ejecutivo catalán

P. DE LAS HERAS

Madrid. Mariano Rajoy lanzó ayer un mensaje de serenidad frente al referéndum ilegal de Cataluña. El presidente aseguró en los pasillos del Congreso que él, personalmente, está «muy tranquilo» e insistió en que no permitirá que la Generalitat lleve a cabo la consulta el 1 de octubre. «El Gobierno -dijo- sabe perfectamente lo que tiene que hacer y no va a contribuir a esa subida de tono de las declaraciones que están haciendo algunos». «Nosotros -enfatizó-, no».

En una semana en la que se ha puesto en evidencia la división que se vive en el Ejecutivo catalán y en el propio partido de Artur Mas y Carles Puigdemont, en la Moncloa casi se frotan las manos. «Con lo primero que va a acabar ese referéndum ilegal y divisivo es con el Gobierno de la Generalitat», argumentó en la Cámara baja Soraya Sáenz de Santamaría.

La vicepresidenta hurgó además en el temor palpable de algunos miembros del Ejecutivo catalán a tener que responder con su patrimonio o verse inhabilitados para el ejercicio de cargo público por incumplimiento de la ley. «Van a la búsqueda de valientes para no asumir su responsabilidad pero uno no puede excusarse toda la vida detrás de los medios de comunicación, de los funcionarios, del resto de partidos; esto no da más de sí y el empecinamiento en mantener esta situación va a hacer mucho daño a la sociedad catalana pero primero a su Gobierno», reiteró.

A pesar de sus esperanzas en que el proceso independentista desencarrile por sí solo, el Gobierno asegura también que tiene todos los escenarios previstos, pero se niega a adelantar acontecimientos. De momento, se limitará a esperar a que el Parlamento autonómico apruebe la ley con la que Junts pel Sí pretende dar cobertura legal al referéndum. En cuanto lo haga, será recurrida al Tribunal Constitucional, lo que provocaría su suspensión inmediata y previsiblemente su anulación en un breve plazo.

Lo que no quiere Rajoy es lanzar advertencias que puedan sonar a uso de la fuerza. De ahí que no mencione el artículo 155 de la Constitución y que el ministro del Interior, José Ignacio Zoido, desmintiera ayer que piense en echar mano de la ley de Seguridad Nacional. La estrategia es más bien pinchar el globo en Cataluña.

Así, Sáenz de Santamaría dejó caer que aquellos ayuntamientos que den pasos como entregar el padrón a la Generalitat para que ésta pueda elaborar el censo se toparán con los tribunales.

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