El Gobierno da por hecha la inhabilitación de Puigdemont

R. G. MADRID.

El Gobierno da por hecho que el Tribunal Supremo ordenará la inhabilitación para cargo público de Carles Puigdemont aunque no esté condenado en firme por los delitos de rebelión, sedición y malversación. El ministro de Justicia precisó que eso ocurrirá dentro de un par de meses, cuando el juez Pablo Llarena cierre la instrucción de la causa, firme el auto de procesamiento y sin necesidad de esperar a que haya una sentencia en firme.

«Entiendo que cuando se dicte el auto las personas que estén dentro serán inhabilitadas», afirmó ayer Rafael Catalá en una entrevista en Antena 3. Los procesados por rebelión, agregó el ministro, «se sacan de la escena de la representación pública y de ejercer actividades políticas».

La inhabilitación, de acuerdo a las palabras del ministro, no sólo alcanzaría a Puigdemont sino que es probable que alcance a los otros 27 investigados en la causa. El titular de Justicia invocó el artículo 384 bis de la ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece que los procesados por rebelión, demás de por otros delitos graves como terrorismo, no podrán ejercer la «función o cargo público que estuvieren ostentando». Es decir, que perderían la condición de diputado del Parlamento de Cataluña, y en el caso de Puigdemont ello implicaría que en ningún caso podría ser presidente de la Generalitat.

Fuentes del Supremo ya habían aventurado la víspera esta posibilidad, y sus palabras fueron muy criticadas en medios jurídicos y por las defensas de los investigados, que vieron en esos comentarios una forma de presionar al juez instructor.

Los socialistas reprocharon que sea un ministro de Justicia el que entre en «un tema que es de los tribunales». El portavoz de Justicia, Juan Carlos Campo, señaló que será el Tribunal Supremo, y no el Gobierno, el que tomará una decisión sobre ese asunto.

También desde el PDeCAT arremetieron contra Catalá porque se ha erigido en «juez y parte». La portavoz de Justicia, Lourdes Ciuró, señaló que las palabras del ministro son «una muestra más» del precario estado de la independencia judicial en España.

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