El Gobierno garantizará el derecho a elegir el castellano como lengua escolar en Cataluña

Los ministros Álvaro Nadal e Íñigo Méndez de Vigo comparecen ayer tras el Consejo de Ministros. :: Paco Campos / EFE
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Los ministros Álvaro Nadal e Íñigo Méndez de Vigo comparecen ayer tras el Consejo de Ministros. :: Paco Campos / EFE

El PSOE se opone a un cambio de modelo al amparo del 155 mientras Rivera exige a Rajoy «pasar de las palabras a los hechos»

NURIA VEGA MADRID.

El Gobierno se comprometió ayer a garantizar el «derecho de los padres» a escoger en Cataluña la lengua en la que quieren escolarizar a sus hijos. La rueda de prensa del Consejo de Ministros dejó, en todo caso, más dudas que certezas sobre el procedimiento que podría emplearse para que esa libertad de las familias de elegir el castellano esté asegurada en las preinscripciones para el próximo curso. «El cómo lo hagamos, estamos estudiándolo, pero sin duda lo haremos», confirmó Íñigo Méndez de Vigo.

El ministro de Educación es, desde el cese de la Generalitat en octubre, el responsable del Departamento de Enseñanza de la comunidad. Y como tal, de él depende regular las matriculaciones del próximo curso en el caso de alumnos que se incorporen por primera vez al sistema educativo, aquellos que cambian de centro o que son trasladados. Una gestión que el Ejecutivo prevé realizar entre los meses de febrero y marzo.

Por ahora, Méndez de Vigo evita dar pistas sobre cómo podría modificarse la resolución de la consejería en esta materia. Su ministerio, según asegura, se encuentra en fase de análisis. En los últimos días, el sindicato de profesores catalanes AMES ha iniciado una campaña de recogida de firmas en Change.org para que el castellano sea también lengua vehicular en el sistema educativo de Cataluña y facilitar así que los alumnos puedan optar por una u otra lengua e ir incorporando la segunda progresivamente. La petición había sido suscrita ayer por más de 9.000 personas.

Es la misma causa que defiende la asociación Sociedad Civil Catalana. Y según su presidente, José Rosiñol, Mariano Rajoy le habría ratificado en su reunión del jueves en la Moncloa que se va a tomar una decisión sobre el uso del castellano. Ahora bien, Méndez de Vigo no quiere hablar del mecanismo y de si su idea es incorporar una casilla con la opción lingüística en los formularios que deben cumplimentar los padres.

El titular de Educación se limitó ayer a señalar que el esfuerzo irá encaminado a «adecuar» la regulación de las preinscripciones a las sentencias emitidas por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y el Tribunal Supremo, y que fijan que debería impartirse un mínimo del 25% de las clases en castellano. «Eso es en lo que estamos pensando y lo que estamos estudiando», zanjó Méndez de Vigo.

El globo sonda

El anuncio, por poco concreto y por tratarse de un asunto tan sensible como es la inmersión lingüística, una de las señas de indentidad del catalanismo, se entendió en muchos sectores como un intento de presionar para que el independentismo desbloquee la investidura del presidente de la Generalitat. Sólo así se pondrá fin a la aplicación del artículo 155 en Cataluña. Pero el ministro negó que se trate de un «globo sonda» y sí de una cuestión de coherencia tras haber recurrido anteriormente la forma de proceder del Ejecutivo catalán en materia educativa.

Rechazó, además, que con esta decisión se rompa la dinámica de gestionar el 155 del modo más aséptico posible y se aferró a que se trata de una cuestión meramente «técnica». Es más, defendió que en ningún caso supondría una modificación del modelo lingüístico ni una reforma de la ley de educación catalana, que sólo podría cambiarse en el Parlamento.

El movimiento del Gobierno, sin embargo, abrió a Ciudadanos un nuevo terreno para apretar las tuercas a Rajoy. El líder de los liberales, Albert Rivera, no sólo alentó al jefe del Ejecutivo a «pasar de las palabras a los hechos», sino que confió en que no se trate de algo «coyuntural» fruto del 155. Es más, reclamó a los partidos un cambio de modelo.

Ciudadanos llevará, de hecho, la controversia a la próxima sesión de control en el Congreso, donde Juan Carlos Girauta se interesará por «cómo piensa el Gobierno garantizar que el castellano sea lengua vehicular, junto al catalán, a partir del curso 2018/2019».

La dirección federal del PSOE, sin embargo, se opone a que el Ejecutivo se ampare en el 155 para «elaborar políticas». La intervención, según el secretario de Organización, José Luis Ábalos, debería limitarse al funcionamiento ordinario de la administración. Lo contrario, advirtió también el PNV, pendiente del escenario catalán para renovar o no sus acuerdos con el Gobierno, supondría un «salto cualitativo».

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