El Gobierno detecta en el tono de Torrent un primer brote verde de legalidad

Incluso el PP de Cataluña reconoció el contraste entre el «tono conciliador» de Torrent, dispuesto a «coser la sociedad catalana», y el que empleaba su antecesora en el cargo, Carme Forcadell, investigada en el Tribunal Supremo por su papel como presidenta de la Cámara catalana durante el proceso secesionista. Teniendo en cuenta que en los últimos meses la Mesa del Parlamento llegó a permitir la tramitación de las leyes de desconexión y la declaración de independencia, que ayer todo transcurriera con «cierta normalidad» no dejó se ser una buena noticia para los conservadores y el Ejecutivo.

En la Moncloa estuvieron toda la mañana pendientes de la sesión constitutiva. Mariano Rajoy ya había advertido 24 horas antes de que cualquier decisión contraria al reglamento que adoptara la Mesa de edad -la provisional que se conforma para ordenar el primer pleno de la Cámara-, se recurriría de inmediato. El Gobierno estaba preparado para impugnar en caso de que se permitiese a Carles Puigdemont y los exconsejeros huidos a Bruselas delegar su voto para participar en el pleno. Pero no fue necesario. Los cinco diputados independentistas que permanecen en Bélgica renunciaron a solicitar este mecanismo. «No lo pidieron porque anunciamos que íbamos a presentar un recurso, no tengo ninguna duda», aventuró un alto cargo del Ejecutivo.

Distinto es el caso de los tres parlamentarios en prisión provisional. La Mesa sí autorizó que la secretaria general de Esquerra, Marta Rovira, y el representante de Junts per Catalunya, Jordi Turull, votaran en nombre de Oriol Junqueras, Joaquim Forn y Jordi Sánchez. Y el Gobierno aceptó la fórmula. «No somos partidarios de recurrir la delegación de voto de los presos, sobre todo si está basada en el auto del juez Llarena que señalaba esta posibilidad», argumentaron fuentes de la Moncloa. Y la mañana concluyó sin sobresaltos.

Aun así, el Gobierno advierte de que no baja la guardia. El acuerdo entre Junts per Catalunya y Esquerra para apoyar la candidatura de Puigdemont a la Presidencia de la Generalitat extiende «sombras» que mantienen al Ejecutivo en tensión. La situación del expresidente catalán, sobre el que pesa una orden nacional de detención, complica su vuelta a España. Y en caso de que las fuerzas separatistas pretendan articular un debate de investidura a distancia, la Abogacía del Estado procedería en contra.

«Estaremos atentos a la manera en la que el nuevo presidente de la Cámara catalana anuncie la candidatura de Puigdemont para actuar en consecuencia», avanzaron ayer desde el Gobierno, determinado a impedir que los secesionistas retuerzan el reglamento o a dejar sin efecto la investidura telemática en caso de no poder proceder con antelación.

Entre la intuición y la esperanza, en la Moncloa creen que todo es una «provocación», que finalmente los partidos independentistas presentarán un candidato «limpio» de cargas judiciales, como confesó desear Rajoy. «Todo el mundo sabe, incluidos los suyos, que Puigdemont no va a ser presidente -trasladaron fuentes gubernamentales- y sólo mantienen su candidatura con afán propagandístico». Sin embargo, pese a esta reflexión, en el Gobierno se preparan para todos los escenarios.