El Gobierno avisa al expresidente de que su maniobra no conduce a la Generalitat

Puigdemont participa, el pasado martes, en la reunión del grupo parlamentario de Junts per Catalunya. :: Toni Albir / efe/
Puigdemont participa, el pasado martes, en la reunión del grupo parlamentario de Junts per Catalunya. :: Toni Albir / efe

Sáenz de Santamaría replica a Puigdemont que el 155 no concluye con la investidura, sino con la toma de posesión «física» del nuevo Ejecutivo

NURIA VEGA MADRID.

La partida no ha concluido, pero el Gobierno anticipa el desenlace. En la Moncloa se preparan para librar en las próximas dos semanas un nuevo pulso, quizá el final, con Carles Puigdemont, determinado a intentar su investidura. Están convencidos de que en el enfrentamiento de fuerzas, el Estado tiene herramientas para salir victorioso y dan por agotada la vía del expresidente de la Generalitat. «Ha llegado al final del trayecto», auguró ayer Soraya Sáenz de Santamaría. Pero eso no significa, admiten fuentes gubernamentales, que el líder de Junts per Catalunya no pueda ganar todavía «alguna mano».

El Ejecutivo ha vuelto a estudiar todos los escenarios y respuestas posibles para cerrar el paso al Parlamento catalán si decide facilitar la investidura a distancia de Puigdemont, una opción que los letrados de la Cámara han rechazado por irregular. Y la vicepresidenta descarta que el candidato independentista vaya a encontrar otro procedimiento con el que recuperar la Generalitat. «Puede adoptar decisiones poco racionales, porque esa es su manera de ser, pero no puede ser presidente y lo sabe», sentenció en una entrevista en la Cadena Cope.

En caso de volver a España para participar en el debate parlamentario, la orden nacional de detención que pesa sobre él haría imposible que lograra el objetivo. Y Sáenz de Santamaría asegura que el Gobierno está preparado «para hacer que Puigdemont responda ante la justicia». De ahí que concluya que únicamente con una «vulneración flagrante de la ley» podría ser reelegido.

«Estamos preparados para hacer que responda ante la justicia», afirma la vicepresidenta

No es ninguna novedad que si eso ocurre, Mariano Rajoy convocaría al Consejo de Ministros para iniciar los trámites y recurrir la investidura ante el Tribunal Constitucional. Es más, el Gobierno confía en poder frustrar el debate antes de su celebración. Pero para ello debe haber constancia previa de las intenciones de la Mesa del Parlamento autonómico.

Por ahora la solicitud de Puigdemont, que ha pedido poder delegar su voto para participar en la sesión de investidura, da una pista de que o el expresidente quiere seguir el pleno desde Bélgica o tiene interés en que así parezca. De existir, además, un documento en el que se ponga negro sobre blanco que el candidato de Junts per Catalunya podrá defender su proyecto en la distancia o pedir a través de otro diputado la confianza de la Cámara, el Ejecutivo procederá de inmediato. De lo contrario, cabe la posibilidad de que la sesión llegue a celebrarse. «No hay nada imposible, pero daría lo mismo, sería un simulacro de investidura y la votación quedaría anulada», relativizan fuentes gubernamentales.

En todo caso, ni tan siquiera la designación de Puigdemont en el Parlamento resultaría «suficiente» para llevar a cabo el traspaso de poderes. A día de hoy, es el Gobierno central el responsable de gestionar la administración catalana, intervenida desde el 28 de octubre, y las medidas del artículo 155, recordó ayer la vicepresidenta, sólo se cancelarán con la formación legal del nuevo Ejecutivo. «El presidente ha de tomar posesión físicamente», advirtió vía Twitter.

Toque de atención

En lo inmediato, Roger Torrent juega un papel clave. El Gobierno examinará la manera en la que anuncie la candidatura de Puigdemont y la convocatoria del pleno de investidura. Sáenz de Santamaría confió ayer en que el nuevo presidente de la Cámara no comience su andadura siguiendo los pasos de su antecesora, Carme Forcadell, y «violentando» las leyes. Es decir, que no permita una elección con el candidato instalado a 1.300 kilómetros de Barcelona. «Es como si yo quisiera irme de vacaciones al Caribe y desde allí votar en el Parlamento o llevar los consejos de ministros», ridiculizó.

De momento, el Gobierno y el PP han apreciado en la intervención de Torrent el miércoles, en la constitución del Parlamento catalán, un cambio de tono. Pero la prudencia se impone. «Obras son amores -se mostró cautelosa la número dos del Ejecutivo-; (...) Al señor Torrent le creeremos en el cambio cuando tome decisiones que sean legales y respetuosas con todos los catalanes».

Ciudadanos ya se había anticipado. El presidente de la formación, Albert Rivera, censuró en una entrevista en Onda Cero que el PP descalifique a su partido y que al mismo tiempo defina a Esquerra como «conciliadora». Desde el Gobierno, sin embargo, instaron a los liberales a explicar su decisión de no ceder un diputado PP, un «aliado» en el Parlamento catalán, para que cuente con grupo propio y poder reforzar el constitucionalismo.

Contenido Patrocinado

Fotos

Vídeos