El Gobierno avisa de que una declaración de ruptura no quedará sin respuesta

«Le corresponde al Gobierno, a través del Senado, porque es una decisión también del legislativo, adoptar medidas, y estaremos muy atentos», avanzó ayer la vicepresidenta en clara alusión al artículo 155 de la Constitución, que permite la intervención parcial o total de la autonomía catalana y que se ha estudiado en profundidad en los despachos gubernamentales como posible respuesta a una declaración de secesión unilateral.

No es la única medida que figura en las carpetas que atesora Soraya Sáenz de Santamaría. «Hay otras diferentes y muchas más», puntualizó en una entrevista en la Cadena Cope. Pero mientras las fuerzas secesionistas no culminen el proceso, el Gobierno es partidario de la cautela. Sobre todo después de que en los últimos días el Ejecutivo haya detectado pequeñas grietas en el frente soberanista sobre cómo proceder a partir de ahora.

Con el ánimo de ahondar en ese debate, la vicepresidenta describió este lunes a los independentistas «divididos» y «asustados» y apeló a la «gente sensata» de la Generalitat para que ejerza su influencia sobre Puigdemont y logre detener el tren que avanza hacia un «precipicio» con difícil vuelta atrás.

Fuentes de la dirección del PP comparten la impresión de que en sólo una semana «se ha invertido» el estado de opinión y que el Ejecutivo autonómico ha perdido fuerza moral desde el 2 de octubre. Replican, por ello, a quienes como José María Aznar censuran la «inacción» del presidente, que es posible que manteniendo la calma Rajoy haya ganado tiempo de desgaste para el independentismo. La decisión de bancos y empresas de trasladar su sede social fuera de Cataluña y las movilizaciones en la calle de sectores no soberanistas funcionan como elementos de presión que podrían aconsejar a Puigdemont no dar un paso definitivo. Y, llegados a este punto, la cúpula del partido conservador cuestiona si el 155, aplicado antes de la ruptura, no habría generado más «victimismo».

El PP cerró así filas ayer con el presidente. Minutos antes, Rajoy le había garantizado a sus vicesecretarios, en la reunión de dirección y en palabras de Pablo Casado, que se tomarán «las medidas necesarias» para impedir la independencia. «La separación de Cataluña no se va a producir, el Gobierno hará lo que haga falta», trasladó el jefe del Ejecutivo. Un mensaje de advertencia a la Generalitat, pero también de apaciguamiento en clave interna.

Rajoy tiene previsto comparecer este miércoles por la tarde en el Congreso de los Diputados. Para entonces, Puigdemont ya habrá desvelado sus intenciones y el presidente se dirigirá a los grupos parlamentarios con el ánimo de solicitar el aval del consenso político. Sáenz de Santamaría reiteró que es «en compañía» de PSOE y Ciudadanos como quiere avanzar el Gobierno en esta materia. Pero también anticipó que, en todo caso, una declaración unilateral de independencia no quedará «sin respuesta».

El vicesecretario de Comunicación del PP recordó, además, a Puigdemont cuál fue el destino del anterior presidente de la Generalitat que proclamó un Estado catalán. Tuvo que matizar que se refería a la detención e ingreso en prisión en 1934 de Lluís Companys, en ningún caso a su posterior fusilamiento por la dictadura franquista. Todo lo que esté en la Constitución, y también en el Código Penal, es, a juicio de Pablo Casado, aplicable. El portavoz de los populares apostó por actuar con «mano firme» en caso de intento de independencia, rechazó todo diálogo con «los golpistas» y ensalzó la manifestación del domingo en Barcelona, convocada por la Societat Civil Catalana, por ser el «nuevo espíritu de Ermua».