El Gobierno apremia a Torrent para que presente ya un candidato sin causas judiciales

Íñigo Méndez de Vigo señaló ayer tras la reunión del Consejo de Ministros que la investidura a distancia no tiene encaje legal y así lo ha dejado sentado el Tribunal Constitucional al resolver el pasado 27 de enero el recurso presentado por el Gobierno. Torrent, dijo el ministro, tiene que dejar su ambigüedad para cumplir la ley y contentar a la vez al destituido presidente de la Generalitat.

A juicio del Gobierno, el presidente del Parlament solo tiene el camino de escoger un candidato a la investidura entre los diputados de Junts per Catalunya que no tenga abierta una causa en el Tribunal Supremo. Lo que dicta «el sentido común», remarcó, es tener un aspirante que puede ser presidente efectivo y real» cuanto antes. Una tesis similar a la que defiende Esquerra y sectores de Junts per Catalunya, sobre todo del PDeCAT, que reclaman que se acaben las tortuosas negociaciones con Puigdemont y que los independentistas empiecen a gobernar de una vez.

Unas horas antes de que Junts per Catalunya presentara en el Parlament una propuesta de reforma de la ley de la Presidencia de la Generalitat para permitir la investidura a distancia, el portavoz insistió en que el Gobierno no lo va a permitir de ninguna de las maneras. Pero si se trata de un cargo simbólico para Puigdemont, el Gobierno no tiene nada que decir. «Ni toleraría ni dejaría de tolerar» porque sería algo sin ningún efecto jurídico, comentaron fuentes de la Moncloa. Méndez de Vigo ratificó que de lo que se trata de tener un candidato legal cuanto antes.

El también ministro de Educación no quiso valorar la candidatura de Elsa Artadi, portavoz de Junts per Catalunya en el Parlament, mujer de la máxima confianza del expresident y el nombre más citado en las últimas horas para ser la candidata a la investidura. Apuntó que no la conocía y no quería emitir por tanto juicios sobre una persona desconocida. En la Moncloa, sin embargo, Artadi tiene buen cartel. Fuentes gubernamentales subrayan que tuvieron una buena relación con ella en los primeros momentos de la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Artadi era directora de Coordinación Interdepartamental de la Generalitat en el momento de la intervención del Ejecutivo de Puigdemont y el Gobierno no la destituyó, a diferencia de otros altos cargos.

Mientras colaboraba con la Moncloa tenía hilo directo con Puigdemont en Bruselas. Para la campaña de las elecciones del 21 de diciembre se tomó vacaciones y se trasladó a la capital belga para ser una de las principales colaboradoras del expresident. Una vez elegida diputada dejó su cargo en el Gobierno catalán para volcarse en el trabajo de Junts per Catalunya, siempre cerca del expresident.