GESTIONAR EL 155

La DUI en suspenso fue prueba palpable de que el independentismo institucional estaba estancado. Se vieron las grietas del pacto entre los partidos que sostienen al Govern, lo que empujaba hacía la convocatoria de elecciones autonómicas a corto o medio plazo. Pero el Estatut reserva esa potestad al presidente catalán, o lo que es igual, le otorga a Puigdemont el control del tempo político. Así las cosas, en términos estratégicos, el Gobierno, demasiado tiempo a remolque de los acontecimientos, ha decidido tomar la iniciativa y marcar el ritmo. Ese es el sentido central del acuerdo aprobado ayer. En síntesis, las distintas medidas adoptadas llevan a la comunidad autónoma a una suerte de coma inducido. La clave está en el cese del Govern, la imposibilidad de que el Parlament invista a un nuevo presidente y que la potestad de convocar elecciones autonómicas sea asumida durante seis meses por Mariano Rajoy. Es él ahora quien elegirá el mejor momento para que los catalanes se pronuncien.

Sin embargo, el acuerdo del Consejo de Ministros no tiene eficacia inmediata, a la espera de que el Senado lo autorice. Esto significa que Puigdemont aún posee margen de maniobra. Podría auspiciar una DUI aprobada formalmente por la Cámara catalana, circunstancia que no supondría grandes cambios en el escenario. También cabría que justo después de la DUI convocará elecciones (mal llamadas constituyentes), lo que con cierta flexibilidad podría entenderse como una vuelta al redil estatutario. O, finalmente, que, sin más, llamara a las urnas con la intención de aprovechar la movilización independentista. Sin duda, en este último caso la situación quedaría encauzada en la legalidad.

Si no se produce ninguna de las dos últimas opciones, el Gobierno de España afronta un reto mayúsculo. Es innegable que Marino Rajoy siempre anheló una solución a la vasca, donde las elecciones mandaron al PNV a la oposición poniendo fin al impulso desde las instituciones autonómicas de toda veleidad secesionista. Intentará que los seis meses de gestión desde Madrid sean suficientes para que el empuje soberanista amaine y propicien un vuelco electoral que conlleve la salida de los independentistas del Govern o al menos un cambio de tono. No es pequeña la montaña que se ha de escalar. Primero, la administración autonómica está permeada por la fractura social y es probable que incluso una mera gestión se tope con obstáculos. Segundo, el posible boicot de las elecciones por los partidos independentistas supondría una considerable merma de legitimidad para el nuevo Parlament. Y, tercero, si deciden participar y conservan el Ejecutivo catalán, PP y PSOE quedarían muy debilitados y posiblemente abocados a una negociación a contrapié.

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