La Generalitat se reunirá la próxima semana con los sindicatos de funcionarios

R. C. MADRID.

Tiempos de dudas y de vacíos legales en Cataluña. El sindicato CSIF trasladó ayer al Gobierno de Carles Puidemont las quejas y mensajes de incertidumbre recibidos en los últimas semanas por funcionarios catalanes ante el pretendido referéndum independentista del 1 de octubre.

Para la celebración de la consulta, la Generalitat precisa de la colaboración necesaria de los empleados públicos. El Ejecutivo catalán ha ofrecido garantías verbales a los sindicatos de que los funcionarios «no se verán en una situación comprometida» si colaboran en el referéndum. Sin embargo, la realidad apunta en sentido opuesto. Las últimas acciones legales emprendidas por el Gobierno central ante el Tribunal Constitucional deja sin sustento legal la consulta. Y los trabajadores públicos temen por su situación laboral y las «consecuencias penales» de las órdenes o decisiones administrativas del Ejecutivo catalán.

De ahí que la Generalitat haya emplazado a una reunión para la semana que viene a los sindicatos de funcionarios para abordar la cuestión y despejar dudas. Una cita que, por otro lado, solicitaron también durante la celebración de la Diada los máximos dirigentes de CC OO y UGT en Cataluña.

El presidente nacional de CSIF, Miguel Borra, mostró este fin de semana su «preocupación» por las «presiones» que «están recibiendo los empleados públicos catalanes como consecuencia del proceso independentista» y recordó que el sindicato ya anunció un protocolo gracias al cual los funcionarios podían actuar tras recibir una orden ilegal.

El CSIF intensificará este mes una campaña informativa en centros educativos y de la Administración frente a «órdenes ilegales» y mantendrá una reunión con organizaciones profesionales de Mossos, Policía Nacional, Local y Guardia Civil para «coordinar» una respuesta frente a estas órdenes.

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