La Generalitat recula y vuelve a informar a Hacienda de sus gastos semanales

El titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, ayer en el Congreso. :: efe/
El titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, ayer en el Congreso. :: efe

Montoro busca una vía para abonar las nóminas a los funcionarios si el Govern no colabora y advierte de que está en peligro la recuperación

JOSÉ M. CAMARERO

madrid. El Ministerio de Hacienda ha vuelto a recibir los datos relativos a los gastos semanales que ha materializado la Generalitat de Cataluña, después de que la pasada semana se negara a trasladar esa información al Gobierno para que éste comprobara que ninguna partida iba destinada a la organización del referéndum del 1 de octubre. El titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, desveló ayer que su departamento tiene de nuevo constancia de esas notificaciones en lo que denomina como «una falta de coherencia» y un «caos» en el que se mueve Cataluña en estas últimas jornadas.

Montoro explicó ayer a los diputados en la comisión de Hacienda del Congreso que el lunes por la tarde recibió de la interventora general de la Generalitat las certificaciones de gastos relativos a la semana del 11 al 17 de septiembre. Y ayer mismo, poco antes de su intervención en las Cortes, había llegado al Ministerio la información de las partidas abonadas en esta misma semana. Montoro dijo desconocer «a qué se debe este cambio de criterio» del vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, quien se había negado a aportar más datos al Ejecutivo de su ejecución presupuestaria. También desconfía en el hecho de que sea la interventora general -una funcionaria de carrera- y no el propio Junqueras el que comunique esas partidas, una labor que él mismo había asumido.

A pesar de este cambio de actitud, Cristóbal Montoro mantendrá en vigor todas las medidas propuestas por la comisión delegada para asuntos económicos del Gobierno de forma «indefinida» para «limitar» la autonomía financiera de Cataluña. Ayer mismo, ya informó al gobierno catalán del acuerdo de no disponibilidad en el gasto de los servicios no fundamentales, lo que afecta a unos 4.500 millones, trasncurrido el plazo de 48 horas que había dado para que la Generalitat lo aprobara.

El Ejecutivo es ahora el responsable de gestionar los pagos para abonar los servicios públicos básicos (sanidad, educación, etc.), entre los que se encuentran las nóminas de los casi 200.000 funcionarios de la Generalitat. Estos trabajadores públicos deberían cobrar a finales de la próxima semana, aunque dependerá de si el Govern proporciona a Hacienda los datos para ejecutar esos abonos. «Confiamos en que al menos en este caso no haya desobediencia de la Generalitat», expresó el ministro.

Consciente de la tensa relación que viven ambas administraciones, el titular de Hacienda anticipó que el Gobierno «busca la fórmula que le permita conocer» los importes de las nóminas y sus titulares. «Lo que faltaba es que los errores de la Generalitat los pagaran los funcionarios y sus familias», indicó. «Eso no va a ocurrir», aseveró. Para ello, Hacienda confía en la «buena voluntad» de los «cargos intermedios» públicos ajenos a la política y «comprometidos» con la administración. «El método que articulamos servirá para garantizar que todo siga igual o mejor», tanto en las nóminas como en facturas a proveedores.

Medidas sin «control político»

La banca también se encuentra implicada en este proceso, al tener que informar a Hacienda sobre los pagos que realice la Generalitat y que vayan destinados a actos ilegales. Además, Cataluña no podrá emitir nueva deuda, a corto o largo plazo, sin el permiso del consejo de Ministros. Todas estas medidas «no suponen ningún control político de la Generalitat, porque el Gobierno no suspende sus competencias».

Además, el ministro explicó que lo hace, entre otras cuestiones, para «impedir que la recuperación económica se trunque por determinadas intenciones políticas». Cristóbal Montoro afirmó que «no se puede poner en peligro» la salida de la crisis, al considerar que con el órdago separatista los gobernantes catalanes van contra la sostenibilidad de las cuentas públicas exigida por la Unión Europea; contra la coordinación financiera entre las comunidades autónomas y el propio Estado; y contra la solidaridad interterritorial.

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