La Generalitat niega a Hacienda el control semanal de sus gastos hasta el 1 de octubre

Montoro y Junqueras, en marzo de 2016, analizan la situación financiera de Cataluña. :: j. lizón / efe/
Montoro y Junqueras, en marzo de 2016, analizan la situación financiera de Cataluña. :: j. lizón / efe

Montoro emplaza a Junqueras a rectificar antes de que el Gobierno adopte las «medidas necesarias»

NURIA VEGA MADRID.

El Consejo de Ministros reforzará hoy las medidas para impedir que se emplee dinero público en la organización del referéndum. El Gobierno calibró ayer durante horas su respuesta después de que la Generalitat decidiera suspender el envío de informes semanales con sus gastos desglosados al Ministerio de Hacienda. En una carta dirigida al departamento de Cristóbal Montoro, el vicepresidente catalán trasladó que los datos serán remitidos a partir de ahora con frecuencia mensual, como se hacía originalmente, lo que significa que las comunicaciones quedarán interrumpidas hasta después del 1 de octubre, fecha de la consulta.

La decisión que lleva la firma de Oriol Junqueras contraviene el acuerdo adoptado el pasado 21 de julio en un encuentro de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos. La resolución permitía a Hacienda incrementar el control de las cuentas catalanas y prevenir que se destinaran recursos al referéndum suspendido ahora por el Tribunal Constitucional. En su comparecencia tras el Consejo Ministros de aquel día, el portavoz Íñigo Méndez de Vigo condicionó el desembolso del Fondo de Liquidación Autonómica, 3.600 millones de euros en 2017, al cumplimiento por la Generalitat de los nuevos requisitos. Sin embargo, el Gobierno optó ayer por no tocar el FLA pese a que el vicepresidente de Cataluña dio por roto el compromiso.

En su misiva, el número dos de Carles Puigdemont argumentó que las exigencias de Hacienda suponen un «control político que no guarda relación alguna con los objetivos de estabilidad presupuestaria». Es más, Junqueras sustenta su postura en la ley del referéndum aprobada el 6 de septiembre en el Parlamento catalán, que establece «un régimen jurídico excepcional» orientado a garantizar la celebración de la votación del 1 de octubre. Siendo esta la legalidad que reconoce el Gobierno autonómico, la Generalitat rechaza todo intento de supervisar si hay dinero que se destina o no a actividades relacionadas con la consulta. «Es incompatible», zanja en la carta.

En este sentido, el Ejecutivo catalán exime a sus responsables económicos de la remisión semanal de gastos, lo que para el Gobierno central supone un apagón informativo. La revisión cada siete días permitió a Montoro proclamar el 31 de agosto ante la Comisión de Hacienda en el Congreso que «ni un euro se ha destinado a financiar el referéndum». Por eso, el ministro decidió ayer replicar a Junqueras también vía postal y exigir a su departamento que cumpla con su deber. «En caso contrario -se advierte en el texto- el Gobierno adoptará las medidas necesarias para asegurar que la Generalitat se atiene a la legislación vigente».

Reacciones proporcionadas

De momento, entre otras actuaciones, el Ejecutivo acordará hoy pasar a gestionar de manera directa tanto el gasto social como las nóminas de los funcionarios en Cataluña. «Se refuerza el control de sus finanzas», defendieron fuentes de Hacienda.

La decisión no resultó sencilla. El Ejecutivo intentó durante toda la tarde estrechar el cerco de las cuentas sin cortar el FLA. La posibilidad de aplicar el artículo 155 de la Constitución, contemplado en Ley de Estabilidad Presupuestaria -que se aprobó con el respaldo de CIU-, e intervenir parcialmente la autonomía, queda a años luz de aquello a lo que este viernes están dispuestos en la Moncloa.

En los 16 días que restan hasta el referéndum, el Ejecutivo debe conjugar dos de sus máximas: «Habrá una reacción para cada acción» y «se procederá con proporcionalidad». Rajoy quiere evitar que el conflicto con la Generalitat se desborde en vísperas del 1 de octubre, día en el que el Gobierno ha garantizado que impedirá la celebración del referéndum. La dificultad, en todo caso, estriba en que el Ejecutivo ya advirtió de que llegaría tan lejos como lo haga el independentismo.

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