La Generalitat ignorará cualquier decisión del Constitucional sobre la ley del referéndum

Santamaría conversa el 25 de julio con Puigdemont y Rull en un acto en San Cugat. :: A. García / Efe
Santamaría conversa el 25 de julio con Puigdemont y Rull en un acto en San Cugat. :: A. García / Efe

El Gobierno catalán coloca la legitimidad del Parlament por encima de la de la corte de garantías

ANDER AZPIROZ

madrid. No importa lo que ordene el Tribunal Constitucional. La Generalitat está decidida a colocar las urnas el 1 de octubre para que los catalanes decidan sobre su relación con España y, además, esa consulta será convocada en base a la ley del referéndum, la misma que este lunes el presidente del Gobierno prometió recurrir en el momento de que la Mesa del Parlament la admita a trámite, algo que previsiblemente ocurrirá el 16 de agosto.

Según justificó ayer el consejero de Territorio y Sostenibilidad, Josep Rull, la norma contará con total legitimidad al emanar de la mayoría del Parlament, en el que Junts pel Sí y la CUP suman 72 de los 135 diputados que lo componen. De esta forma, los independentistas colocan su cámara autonómica por encima del Constitucional y, por extensión, de la misma Carta Magna. Para la Generalitat no se trata de un desacato, sino de todo lo contrario. Será un acto de obediencia al Parlament, única institución que parecen respetar las fuerzas independentistas toda vez que también pasan por alto decisiones y advertencias de órganos propios como el Consejo de Garantías Estatutarias. «Lo que haremos como Govern es obedecer una ley que ha sido aprobada por el Parlament de Cataluñaa y le daremos plena vigencia», resumió el consejero de Territorio en una entrevista a RAC 1.

Para Rull, ignorar al Constitucional no solo es una obligación, es también una acción perfectamente legítima. La Generalitat maneja dos argumentos basados en el derecho internacional para saltarse a la corte de garantías. Según Rull, el principio democrático reconoce el referéndum como una operación democrática. El consejero aludió también al derecho de excepción, que no permite en su opinión imcumplir el derecho español al haber tratado el Govern de pactar de buena fe con Madrid la celebración de la consulta. «El Estado se ha negado sistemáticamente a hacer lo que han hecho Escocia y Quebec. Ante esto pondremos las urnas de acuerdo con un parlamento legítimo y democrático que es el Parlament de Cataluña», zanjó el dirigente catalán.

Respuesta inmediata

Tal y como avanzó Rajoy después de su despacho veraniego con Felipe VI, una vez que la Mesa de la cámara autonómica admita a trámite la ley del reférendum el Gobierno central pondrá en marcha la maquinaria del Estado.

El proceso será similar al recurso que se planteó contra la reforma del reglamento del Parlamente que permitiría la aprobación exprés de las leyes de desconexión. En primer lugar el Ejecutivo consultará al Consejo de Estado. Una vez tenga el dictamen, se convocará al Consejo de Ministros para aprobar el envío de un recurso ante el Tribunal Constitucional, cuyos miembros se reunirán de urgencia para decidir si se admite trámite, en cuyo caso la decisión de la Mesa del Parlament quedará suspendida de forma automática. El Gobierno se ha marcado un plazo de 72 horas para completar este proceso y el propio Rajoy ya adelantó la pasada semana que no descarta convocar un Consejo de Ministros extraordinario para responder de inmediato a cualquier paso secesionista.

Si la ley del referéndum queda suspendida y el Parlament insiste en continuar con su tramitación, el Constitucional podría hacer valer la reforma aprobada en 2015 que le permite asegurar la ejecución de sus sentencias. De esta forma, tendría capacidad de movilizar a la Fiscalía para que actúe en contra de aquéllos que hayan desobedecido su decisión.

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