La Generalitat decreta el apagón informativo sobre el referéndum

Puigdemont preside ayer la primera reunión del nuevo Gobierno catalán tras su renovación. :: Andreu Dalmau / efe
Puigdemont preside ayer la primera reunión del nuevo Gobierno catalán tras su renovación. :: Andreu Dalmau / efe

El Gobierno catalán no informará sobre la compra de urnas hasta que haya completado los trámites para evitar así las querellas del Ejecutivo

CRISTIAN REINO

barcelona. Nuevo Gobierno, nuevo estilo y nueva estrategia comunicativa sobre los preparativos del referéndum del 1-O, que a partir de ahora solo se darán a conocer cuando sean una realidad y se hayan completado. No antes para evitar querellas y suspensiones del Constitucional que frenen los avances hacia la consulta.

Quedan dos meses y medio para la fecha prevista y la Generalitat no puede dar ningún paso en falso porque el tiempo apremia y aún se desconoce el esqueleto básico del referéndum: cómo será el censo, quién facilitará los locales, de dónde saldrán las urnas y las papeletas, los voluntarios, los funcionarios, quién integrará la junta electoral, quiénes serán los observadores internacionales y cómo se harán los sorteos de las mesas. Demasiadas incógnitas, que tienen de los nervios a la CUP, que ayer exigió a Puigdemont que se deje de zarandajas y compre ya las urnas.

El nuevo Gobierno cien por cien independentista se estrenó ayer tras los últimos cambios en las Consejerías de Interior, Educación, Empresa y Presidencia. Después de la remodelación gubernamental con la que Carles Puigdemont se ha rodeado de un equipo de convencidos, dispuestos a todo para que el 1-O sea un referéndum unilateral y vinculante, el Ejecutivo catalán decretó el silencio informativo, ajustó sus piezas internas con la aprobación de un decreto que traspasa la competencia del referéndum a la Vicepresidencia de Oriol Junqueras, y se conjuró para tomar las decisiones de forma colegiada.

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A pesar de que estaba anunciado que se haría pública la decisión de compra de las urnas, el Ejecutivo catalán aplazó la decisión o al menos la silenció. Evitó dar pistas sobre cómo, cuándo y a quién se las comprará, y tampoco quiso aclarar cuánto costará ni de dónde sacará el dinero, teniendo en cuenta que el Constitucional ha anulado las partidas de los presupuestos para la consulta. «Viendo cómo las gastan desde el Gobierno, la gestión de los tiempos la hacemos nosotros por el bien del objetivo de celebrar la consulta», afirmó el nuevo consejero de la Presidencia y portavoz, Jordi Turull.

El Gobierno catalán opta por la discreción, en un juego del gato y el ratón con la Moncloa, porque si el Ejecutivo central no revela qué medidas adoptará para impedir la votación, en Barcelona tampoco están obligados a mostrar sus cartas. «Hemos analizado y compartido los diversos itinerarios para disponer de las urnas y cuando se hayan completado los presentaremos», dijeron en el Palau de la Generalitat. Se trata, explicaron, de «no hacerle el juego y no ponérselo fácil a quien usa armas no convencionales para intentar frenar el referéndum», según Turull.

El Gobierno de Puigdemont tiene en este sentido la experiencia de la imputación de la consejera de Gobernación, Meritxell Borràs, por la convocatoria del concurso para la compra de urnas. La administración catalana publicitó el hecho y la Fiscalía presentó una querella. Aunque el concurso acabó en fracaso porque ninguna de las dos empresas que optaban cumplían los requisitos, el Tribunal Superior admitió la querella y ayer mismo acordó incoar diligencias. Entre otras, reclamó al departamento de Gobernación el texto original del acuerdo para el suministro de urnas.

En cualquier caso, «en los próximos días» se reunirá el recientemente creado núcleo duro del Gobierno, el órgano encargado de coordinar el referéndum, del que forman parte Puigdemont, Junqueras y sus secretarios, y del que podrían trascender novedades. De momento, como confesaba en privado hace poco un miembro del Ejecutivo catalán, mientras el debate se centra en polémicas como la de las urnas, el Gobierno catalán, en una operación de distracción, avanza poco a poco y sin hacer ruido en los preparativos.

Un portavoz más agresivo

Turull se estrenó como portavoz del Ejecutivo catalán con un tono mucho más agresivo que el de su antecesora, una prueba más de que el nuevo Gobierno se prepara para ir a por todas. «Hemos pasado de la calle es mía (de Fraga) a la ley es mía», acusó a los populares. «El Gobierno pone en riesgo la democracia, está atacando los derechos fundamentales, se está cargando los pilares fundamentales de la democracia, vivimos en un Estado de sitio, cada día se conoce un nuevo uso de las cloacas del Estado, del asedio de la Justicia», fueron algunas de sus frases. En su primera intervención como portavoz, el expresidente del grupo de Junts pel Sí, aseguró que el 1-O habrá urnas. «El Gobierno -garantizó- no podrá frenar el referéndum, lo celebraremos, cada día hay más gente con ganas de ir a votar».

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