Los funcionarios municipales no colaborarán con la consulta del 1-O

El Gobierno central y el catalán se cruzan acusaciones de presionar a los empleados públicos

CRISTIAN REINO

barcelona. Los secretarios, interventores y tesoreros de los municipios de Cataluña se desmarcaron ayer del referéndum que pretende celebrar el presidente de la Generalitat el 1 de octubre con una negativa a colaborar con la consulta, si se convoca, y reafirmaron su fidelidad a la Constitución.

La organización que agrupa a los funcionarios estatales que tienen plaza en la administración local catalana se reunió el pasado lunes para analizar cómo puede afectar al colectivo la consulta soberanista, en la que los ayuntamientos tienen un papel fundamental en la logística y en la organización. «Debemos permanecer siempre fieles al espíritu y al texto de la Constitución Española, a la normativa autonómica y a la europea», señala el texto aprobado por la asociación de funcionarios.

Los empleados públicos de los ayuntamientos, cuya función es de asesoramiento legal, control interno de la gestión económico-financiera, de contabilidad y recaudación, anunciaron que no cometerán ninguna ilegalidad y que no colaborarán con el 1-O, lo que supone un nuevo revés para los impulsores del referéndum. Su veto a la votación se sumó a las dudas que han expresado en los últimos días los sindicatos de funcionarios, en este caso los autonómicos, que exigen garantías al Ejecutivo catalán para no verse perjudicados.

Puigdemont podría anunciar hoy la creación de una consejería específica para el 1-O

En esta línea, la presidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia, Neus Lloveras, dijo el lunes que «ningún funcionario estará obligado a participar» en la organización del 1-O, pero que pueden «apuntarse y colaborar de manera voluntaria». Estos trabajadores públicos, en cualquier caso, se sienten en el medio de la polémica y temen no solo por su puesto de trabajo, sino también por la apertura de procesos judiciales.

Los funcionarios están en el ojo del huracán y desde hace semanas son blanco del cruce de reproches entre el Gobierno central y el catalán. Así, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría acusó hoy a los secesionistas de «presionar» a los trabajadores municipales y a los alcaldes y de usarlos como «escudos de la ilegalidad». «Los independentistas cada vez están más solos y tienen más miedo de asumir sus responsabilidades en un proceso ilegal. Que dejen de presionar», afirmó.

Tranquilidad y serenidad

La consejera de la Presidencia, Neus Munté, replicó que ni los funcionarios ni el resto de los trabajadores públicos se verán en «dificultades» por las «decisiones políticas» del Ejecutivo catalán. La portavoz pidió «tranquilidad y serenidad» ante lo que, a su juicio, son «amenazas» y «advertencias» por parte del Gobierno central. Se refería a la carta enviada por el Gobierno de Rajoy a los secretarios generales y los interventores instándoles a no colaborar con la organización del referéndum secesionista y a velar por el adecuado destino de los fondos públicos. En la misiva, se les recordaba que los ayuntamientos no pueden ayudar en la elaboración del censo, la constitución de las mesas, la designación de locales electorales o la reserva de lugares públicos para actos de campaña.

Una tarea clave que en parte explica por qué también Ada Colau ha recibido presiones por todas partes. La alcaldesa de Barcelona aseguró el lunes que dará «facilidades» para realizar el referéndum, un anuncio que no tiene «credibilidad» para el Ejecutivo de Carles Puigdemont, pero sí para el Gobierno de Rajoy. Sáenz de Santamaría fue clara y avisó a la alcaldesa de Barcelona que «las facilidades no pueden convertirse en dificultades para los funcionarios». Este colectivo tiene dudas desde que el diputado de Junts pel Sí, Lluís Llach, lanzó la advertencia de que si no acatan la ley de desconexión que aprobará el Parlamento de Cataluña serán sancionados y «sufrirán».

Los problemas, por tanto, se le acumulan a Puigdemont, que para reforzar su apuesta por la consulta podría anunciar hoy, aprovechando su comparecencia en la Cámara catalana para explicar la destitución de Jordi Baiget, la creación de una consejería específica para el 1-O. La titular de Presidencia no descartó la posibilidad de que se concentre en un consejero la organización del referéndum, una labor que ahora tienen asignada Junqueras y Romeva.

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