Forcadell elude la prisión incondicional tras renegar de la DUI ante el juez del Supremo

Carme Forcadell, que anoche durmió en Alcalá Meco, saluda a su llegada por la mañana a la sede del Tribunal Supremo. :: alberto ferreras/
Carme Forcadell, que anoche durmió en Alcalá Meco, saluda a su llegada por la mañana a la sede del Tribunal Supremo. :: alberto ferreras

Tendrá que pagar 150.000 euros para salir de prisión después de renunciar a hacer política fuera del marco constitucional

MATEO BALÍN MADRID.

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ordenó ayer por la noche el ingreso en prisión eludible bajo fianza de 150.000 euros para Carme Forcadell, expresidenta del Parlament; libertad bajo fianza de 25.000 euros a pagar en una semana para cuatro exmiembros de la Mesa de la Cámara catalana, Anna Simó, Ramona Barrufet, Lluís Corominas y Lluís Guinó; y libertad sin medidas cautelares para Joan Josep Nuet.

El magistrado de la Sala Segunda (Penal) decretó además medidas cautelares para todos los investigados, salvo a Nuet, en caso de pagar la fianza: obligación de presentarse semanalmente ante el juzgado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña o un juzgado de conveniencia, prohibición de salir del territorio nacional y entrega de pasaporte antes de las dos de esta tarde. En caso de incumplimiento de alguna de estas medidas supondría su «inmediato» ingreso en prisión, según el auto.

La decisión del juez Llarena difirió de las peticiones realizadas por la Fiscalía del Supremo en la vistilla de medidas cautelares celebrada tras siete horas de declaraciones. En línea con las solicitudes realizadas por la Fiscalía de la Audiencia Nacional en el caso de los exmiembros del Govern, sus compañeros del Supremo pidieron prisión incondicional para Forcadell, Guinó, Corominas y Simó, eludible bajo fianza para Barrufet y libertad provisional para Nuet. Pero el magistrado rebajó de forma ostensible estas peticiones. Porque los investigados, comenzando por Forcadell, renegaron de la DUI y renunciaron a hacer política fuera del marco constitucional.

Con respecto a la petición de la Fiscalía de pedir una fianza de 6,2 millones de responsabilidad civil solidaria para los seis investigados, el juez denegó esta posibilidad porque no es el momento procesal oportuno para dirimir la cuantía supuestamente defraudada y esperará a que avance la instrucción para tomar una decisión al respecto. En esta causa se investigan delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos.

Llarena, expresidente de la Asociación Profesional de la Magistratura, mayoritaria en la carrera y enmarcada en el sector conservador, consideró en el caso de Forcadell, cuya medida cautelar ha sido la más gravosa, que «presenta una actuación principal en los hechos que se investigan, tanto por su intervención medular durante todo el largo proceso que contemplamos como por la intensa repercusión que su propio liderazgo ha tenido en cada uno de estos periodos».

El juez detalla que Forcadell, de 61 años y que anoche ingresó en la prisión de Alcalá-Meco, donde se encuentran las exconsejeras del Govern Dolors Bassa y Meritxell Borrás, «ostentó la presidencia de la Asamblea Nacional de Cataluña, desde cuyo mandato perfiló, asumió y comprometió una hoja de ruta que pasaba por la concienciación y movilización colectiva», que vino seguido de su presidencia en el Parlament, en el que se perfiló el método para declarar la independencia.

Acatan el 155

Pese a ello, el magistrado valoró ayer los testimonios de los investigados, que hayan contestado a la Fiscalía, acatado los efectos de las aplicación del artículo 155 de la Constitución -que provocó la disolución del Parlament y la convocatoria de elecciones- y el interés que han tenido en rebajar los efectos de la aprobación de la declaración unilateral de independencia (DUI) el 27 de octubre.

Con respecto al artículo 155 aprobado por el Senado, el juez recuerda que los querellados «no es que hayan asumido la intervención derivada de la aplicación de este precepto, si no que han manifestado que, o bien renuncian a la actividad política futura o, los que desean seguir ejerciéndola, lo harán renunciando a cualquier actuación fuera del marco constitucional».

Sobre el delito de rebelión, el instructor del Supremo manifestó que todos los investigados señalaron en sede judicial que «nunca» tuvieron la intención de desarrollar un proceso que englobara actos de violencia -el propio Corominas hizo referencia a un periodo de siete años sin violencia alguna-, pero añadió que muchos de ellos estuvieron presentes en el «asedio» de 40.000 personas a la comisión judicial de la 'operación Anubis', los pasados 20 y 21 de septiembre en Barcelona.

«La eventual consideración de que el comportamiento de los querellados no englobara una utilización instrumental de la violencia -concluye-, no excluiría la posibilidad de subsumir los hechos en el delito de sedición».

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