La juez cita mañana a Puigdemont imputado por rebelión

Oriol Junqueras, Carles Puigdemont y Carme Forcadell, tras la declaración de independencia. / Efe I EP

Lamela admite la querella de la Fiscalía contra el expresidente catalán, Junqueras y los 12 exconsejeros

Mateo Balín
MATEO BALÍNMadrid

Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y sus 12 exconsejeros ya tienen día y hora para comparecer como investigados en la Audiencia Nacional. Será este jueves a las 9 de la mañana, después de que la juez Carmen Lamela haya admitido la querella de la Fiscalía por delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos contra todo el Govern. Les acusa por haber promovido el proceso independentista en Cataluña.

La juez ha habilitado también el viernes para las declaraciones y ha aceptado la celebración de la vistilla del artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal a fin de valorar la adopción de medidas cautelares de carácter personal.

Además de las citaciones, Lamela acuerda fijar a los 14 querellados una fianza de 6.207.450 euros con apercibimiento de embargo si no la depositan en el plazo de tres días desde su notificación. La juez ordena también que se incorporen a la causa las copias de diferentes acuerdos adoptados por el Parlament en los últimos meses, así como los últimos decretos del Govern en relación con el proceso secesionista de Cataluña.

En su auto, Lamela explica que conforme al relato expuesto por el fiscal en su querella, los hechos investigados iban dirigidos a proclamar una República catalana independiente de España en una conducta que va encaminada o dirigida a romper la organización territorial del Estado, por lo que puede encajar en una manera de atentar contra la forma actual de gobierno de España, y por tanto, sería competencia de la Audiencia Nacional, tal y como recoge el artículo 65.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial sobre las competencias de este tribunal.

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Lamela recuerda que esta fase inicial, de admisión de una querella, no constituye todavía un acto de imputación judicial y que sin perjuicio de la futura precisión acerca de la existencia de pruebas para los delitos imputados, se trata exclusivamente “de establecer en primer lugar si, a los efectos de admisión a trámite de la querella puede ser exclusivo el carácter delictivo de las conductas imputadas a los querellados y, en segundo lugar, si existen indicios de que tal conducta efectivamente ha sido ejecutada”.

Una estrategia organizada

Teniendo en cuenta estas dos condiciones, Lamela concluye que del relato del fiscal se desprende que los querellados “urdieron una estrategia de la que habría de ser todo el movimiento secesionista, perfectamente organizada, y con reparto de papeles entre las autoridades gubernamentales, parlamentarias y asociaciones independentistas ( ANC y Omnium) que llevaron a la celebración del referéndum ilegal el día 1 de octubre y a la declaración de independencia aprobada en el Parlamento el pasado 27 de octubre”.

La juez considera que la querella del fiscal expone de manera “seria, racional y lógica los motivos que llevan al Ministerio Fiscal a efectuar su provisional calificación como delito de rebelión que absorbería los delitos de sedición, desobediencia y prevaricación”. Por ello, sin perjuicio de la calificación jurídica que finalmente pueda otorgarse, la juez admite la querella en los términos planteados por el Ministerio Público.

La magistrada explica en su escrito que procede incorporar la querella a la causa donde ya se investiga por sedición a los presidentes de ANC y Ómnium, teniendo en cuenta que los hechos hasta ahora investigados “se encuadran dentro de todo el proceso secesionista y que las personas investigadas en los mismos formaban parte de las estructuras básicas integradas en esa estrategia diseñada y ejecutada por los ahora querellados”.

Tres días para abonar 6 millones de fianza

Lamela ha dado un plazo de tres días al expresidente catalán y a los otros 13 exconsejeros del Govern para depositar una fianza de 6.207.450 euros euros de fianza.

La magistrada les advierte de que deberán depositar la fianza en el plazo de tres días con el apercibimiento de que se embargarán sus bienes hasta alcanzar esa cifra si no lo hacen.

Los 6,2 millones de euros se corresponden con la cantidad que suman las tres partidas presupuestarias que fueron aprobadas para la celebración del referéndum 1-O y, posteriormente, suspendidas por el Constitucional.

La Fiscalía ya había solicitado que se impusiera esa fianza en la querella que presentó contra los promotores del 1-O ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, pero ese tribunal no aceptó la solicitud.

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