La Fiscalía pide elevar la pena a Urdangarin para asegurar que tenga que ir a prisión

Urdangarin abandona el juzgado tras una de las sesiones del 'caso Nóos'. :: jaime reino / afp
Urdangarin abandona el juzgado tras una de las sesiones del 'caso Nóos'. :: jaime reino / afp

Incrementa la petición de condena al cuñado del Rey a diez años frente a los seis años y tres meses que le impuso la Audiencia de Palma

MATEO BALÍN MADRID.

El leve respiro que la Audiencia Provincial de Palma dio a Iñaki Urdangarin tras conocerse la sentencia del 'caso Nóos' el 17 de febrero pasado, en la que fue condenado a seis años y tres meses de cárcel pese a que la Fiscalía Anticorrupción reclamó el triple de la pena, desapareció ayer. El marido de la infanta Cristina volvió a sentir más cerca su ingreso en prisión después de que la Fiscalía del Supremo presentara su recurso de casación en el que solicita a la sala endurecer el castigo hasta los diez años de cárcel. Con la pena inicial de seis años y tres meses no era descabellada la posibilidad de evitar el ingreso en la cárcel si el recurso del propio Urdangarin era aceptado por el Supremo aunque fuera de forma parcial. Algo que con una petición de diez años es casi imposible.

En un recurso de 105 páginas, la fiscal del alto tribunal María Ángeles Garrido plasmó en su escrito del 'caso Nóos' los criterios examinados por la junta de fiscales de lo penal en una reunión celebrada a mediados de junio. Los fiscales bajo la batuta del teniente fiscal Luis Navajas acordaron aumentar entonces la pena a Urdangarín, entre otros condenados, al entender que el tribunal de Palma de Mallorca no había aplicado de forma correcta el grado punitivo en tres de los cinco delitos por los que fue condenado: malversación de caudales públicos, prevaricación continuada en concurso con falsedad documental y fraude a la administración.

Asimismo, la citada junta de fiscales del Tribunal Supremo también abrió el melón al pedir revisar hechos de la sentencia que el tribunal presidido por Samantha Romero consideró por unanimidad que no estaban probados, una circunstancia que laminó buena parte de la instrucción realizada por el juez José Castro. De manera fundamental, lo referente a toda la rama valenciana que cerró acuerdos con el Instituto Nóos, entidad sin ánimo de lucro controlada por Urdangarin y Diego Torres, y varias patas de la vertiente balear. De ahí que se justificara que los 19 años y medio de prisión reclamados por el fiscal Pedro Horrach al cuñado del Rey se quedaran en seis años y tres meses, mientras que los 19 años y medio que pedía para Torres acabaron en ocho años y medio de condena impuesta por el tribunal de Palma de Mallorca.

El congreso de la discordia

Pues bien, a esa sentencia provisional, le dio ayer la vuelta la Fiscalía de lo Penal del Supremo. Reclamó al tribunal de la Sala Segunda (Penal), encargada de revisar los recursos de casación, que endurezca el castigo para Urdangarin hasta los diez años de prisión. Pese a la aplicación del atenuante de la reparación del daño, la fiscal Garrido concreta que debe de ser condenado a un año por tráfico de influencias; dos por sendos delitos fiscales; otros dos por fraude a la administración y cinco años por malversación de caudales públicos.

Esta último punto sería lo más novedoso con respecto a la sentencia de Palma porque allí no se le condenó por el presunto desvio de dinero público en la celebración del llamado Foro de las Islas Baleares de 2005. Asimismo, por ese congreso sobre turismo y deporte pero un año después la fiscal ha solicitado elevar la pena por el «ilícito apoderamiento de fondos». El Instituto Nóos recibió por estos dos eventos 2,2 millones sin respetar los procedimientos, es decir, fueron «decisiones arbitrarias, orillando la legalidad puesto que conculcaron los principios de publicidad, concurrencia y objetividad».

Además de la prisión, la suma de conductas criminales que la Fiscalía encuentra en el cuñado de Felipe VI le podrían suponer, en el caso de que el Supremo haga suya esta tesis, 19 años y seis meses de inhabilitación absoluta más seis años de inhabilitación especial, a lo que se añaden penas de multa que superan el duplo de la cantidad defraudada: 253.075 euros por un delito fiscal en 2007 y 259.478 euros por un segundo delito en el ejercicio siguiente.

El escrito también se refiere a otros condenados que han recurrido ante el Supremo, como Diego Torres, a quien también aumentan la petición de pena hasta los 12 años y cuatro meses meses de cárcel, o el expresidente balear Jaume Matas, que fue condenado a tres años y ocho meses y ahora la Fiscalía le reclama cuatro años y ocho meses de prisión.

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