La Fiscalía pide 122 años de cárcel para los ex altos cargos acusados por los ERE

Chaves y Griñán, en el banquillo junto al resto de los acusados. :: Julio Muñoz / efe/
Chaves y Griñán, en el banquillo junto al resto de los acusados. :: Julio Muñoz / efe

Griñán asegura sentirse «tranquilo» en la primera sesión del juicio de la pieza política por el mayor escándalo de corrupción en Andalucía

CECILIA CUERDO SEVILLA.

Las penas que solicita la Fiscalía suman 122 años de cárcel y 520 de inhabilitación para los acusados de poner en marcha y mantener un sistema inadecuado de ayudas sociolaborales para empresas en crisis que posteriormente permitió el fraude al entregarse el dinero público de forma opaca y discrecional.

Anticorrupción considera que las irregularidades fueron el objetivo buscado al implantar esta fórmula, y mantiene su calificación de prevaricación y malversación en el juicio de la denominada pieza política del 'caso ERE', que sienta en el banquillo a 22 ex altos cargos de la Junta de Andalucía entre expresidentes, exconsejeros, exviceconsejeros y exdirectores generales.

Siete años de investigación, miles de páginas de sumario, cerca de 300 imputados y más de 200 piezas separadas culminaron ayer en la primera sesión del primer juicio por el mayor caso de corrupción conocido en Andalucía. Manuel Chaves y José Antonio Griñán llegaron a los juzgados con gesto serio y por separado. «Estoy tranquilo», se limitó a señalar Griñán, quien se enfrenta a una condena de hasta seis años de cárcel por un delito de malversación.

La amistad entre ambos expresidentes se fracturó hace tiempo, pero los dos se sentaron ayer en primera fila para acompañarse en el amargo trance del banquillo e intercambiaron impresiones durante toda la mañana. Junto a ellos, quienes fueron sus escuderos en Presidencia, Economía, Hacienda o Innovación. Detrás, casi siguiendo de forma escrupulosa la jerarquía, se ubicaron los siguientes escalafones y los responsables de Empleo, a quienes todos señalan como responsables del supuesto fraude que posteriormente se produjo a través de intrusos, sobrecomisiones o ayudas directas a empresarios amigos.

Escritos de acusación

La primera sesión del juicio se consumió en la lectura de los escritos de acusación del Ministerio Público y el PP, que ejerce de acusación popular. Ambos coinciden en la inadecuación del sistema de ayudas implantado, aunque los populares suman una petición de dos años de prisión por asociación ilícita para todos los encausados.

En su escrito, la Fiscalía recordó que la vía con la que se abonaban hasta el año 2000 las ayudas sociolaborales «dificultaba la pronta resolución de los conflictos laborales que alteraban la paz social». Por ello, Empleo recurrió a la transferencia de financiación, un mecanismo habitual para equilibrar las cuentas de explotación de las empresas públicas y con mecanismos de tramitación y fiscalización diferentes. En el caso de Andalucía, merced a un convenio marco que «ni se publicó en el BOJA ni se sometió a los servicios jurídicos», estas transferencias se usaron para abonar las ayudas a través de uno de estos organismos, el Instituto de Fomento andaluz. Unas ayudas que además se fraccionaron y modularon para evitar someterse a conocimiento y aprobación del Consejo de Gobierno.

«Como resultado buscado por los encausados, las ayudas sociolaborales y las ayudas directas soslayaron la necesaria y preceptiva fiscalización previa», mantiene el fiscal, que resalta que «solo entre los años 2000 y 2001 se puso en manos del exdirector general de Trabajo, sin competencias para la concesión de subvenciones, 93 millones para que dispusiera sin fiscalización previa y sin necesidad de tramitar expediente alguno». El sistema se prolongó hasta 2010, con lo que el fondo de las ayudas aumentó hasta los 742 millones, cifra que el PP eleva hasta los 1.200 millones.

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