La Fiscalía pedirá detener al expresidente y a los exconsejeros que no comparezcan

Estudia todas las medidas cautelares, incluso solicitar la prisión, contra los investigados que hoy declaran en la Audiencia Nacional y el Supremo

MATEO BALÍN MADRID.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional pedirá a la juez Carmen Lamela la «inmediata» detención de los exmiembros del Govern que no acudan a las citaciones ordenadas por la magistrada para hoy y mañana. El Ministerio Público considera que dada la gravedad de los hechos y de los delitos que les son imputados -rebelión, sedición y malversación de caudales públicos-, así como de las penas previstas y el riesgo de reiteración delictiva, es imprescindible la presencia de los investigados ante la autoridad judicial. De lo contrario, solicitarán su arresto para que no eludan la acción de la justicia.

Este supuesto en el que trabaja la Fiscalía parte de la hipótesis, como todo parece indicar, de que alguno de los 14 querellados del Govern que recibieron ayer las citaciones incumplan la orden judicial. Entonces, el teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, pedirá la detención y la juez Lamela resolverá. Cuándo lo hará dependerá del desarrollo de las comparecencias, que la propia magistrada ha marcado para hoy y mañana a partir de las 9:00 horas. Así, la titular del Juzgado Central de Instrucción número tres podría esperar a que concluyan todos los interrogatorios para pedir la detención o hacerlo hoy en cuanto le notifiquen las ausencias.

Si al final Puigdemont y otros cuatro exconsejeros, Merritxel Borrás, Antoni Comín, Clara Ponsatí y Merritxell Serret, deciden permanecer en Bélgica y no se desplazan hoy a la Audiencia Nacional en Madrid, con el previsible argumento de que no les ha llegado la citación en persona al estar fuera de España, Lamela podría activar la orden europea de detención y entrega ante la justicia belga para agilizar su puesta a disposición del juzgado español.

Con respecto a las medidas cautelares que se impondrán a los querellados que sí comparezcan, la juez ya avanzó el martes en su auto de admisión y citación que las adoptará dada la «gravedad y complejidad» de los hechos aparentemente delictivos y la necesidad de evitar el riesgo de fuga, porque la apertura de la fase de juicio oral «no se encuentra en absoluto cercana».

Para ello, la Fiscalía solicitará al concluir cada una de las declaraciones la celebración de la vistilla del artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal a fin de valorar la adopción de medidas cautelares de carácter personal. Fuentes fiscales señalaron ayer que estaban estudiando todo el abanico de cautelares para evitar el riesgo de fuga o de reiteración delictiva: desde las comparecencias periódicas en sede judicial, la retirada de pasaporte o la prohibición de salir de territorio nacional hasta la prisión provisional, que podría ser bajo fianza o sin fianza, por lo tanto, incondicional.

El precedente Trapero

La prisión incondicional ya fue pedida por la Fiscalía cuando comparecieron por segunda vez en la Audiencia Nacional los presidentes de las plataformas ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente, y el exmayor de los Mossos Josep Lluís Trapero, investigados por un delito de sedición (promover un alzamiento tumultuario a fin de impedir por la fuerza la aplicación de una resolución administrativa o judicial). En este caso, la juez Lamela encarceló a los dos primeros para evitar la reiteración delictiva, pero dejó en libertad provisional a Trapero.

Mientras todas las incognitas están encima de la mesa en la Audiencia, a escasos 200 metros, en el Tribunal Supremo, los otros seis querellados anunciaron ayer que sí acudirán a las citaciones ordenadas por el juez instructor Pablo Llarena a partir de las 9:30 de la mañana. Lo harán investigados por delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos y estarán acompañados de sus abogados.

En este grupo se encuentran la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y los miembros de la Mesa de la Cámara catalana que tramitaron las leyes de ruptura y la declaración unilateral de independencia del pasado 27 de octubre: Lluís Guinó, Lluís Corominas, Anna Simó, Joan Josep Nuet y Ramona Barrufet. Todos ellos integrantes de Junts pel Sí salvo Nuet, que procede de Catalunya Sí Que es Pot, coalición de la que forma parte Podemos. Asimismo, cinco de los seis investigados son aforados aún porque forman parte de la Diputación Permanente del Parlament.

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