La Fiscalía descarta incriminar a Camps en la financiación ilegal del PP valenciano

No avala las confesiones de Costa y 'el Bigotes' en el juicio, que señalaron al expresidente, y solo admite la declaración de Correa y los empresarios

MATEO BALÍN MADRID.

La Fiscalía Anticorrupción solo admitió ayer los testimonios del cerebro confeso de la trama 'Gürtel', Francisco Correa, y de los empresarios donantes del PP de la Comunidad Valenciana para solicitar al juez una rebaja notable de sus penas. Lo hizo en su informe de conclusiones durante el juicio de la Audiencia Nacional que quedó visto para sentencia. La fiscal Myriam Segura valoró el «paso al frente» dado por estos procesados para reconocer los hechos y reparar el daño económico causado, en el caso de Correa la entrega de más de dos millones de euros a las arcas públicas desde sus cuentas en Suiza.

Esta circunstancia llevó a la fiscal a solicitar al juez José María Vázquez Honrubia la disminución de la penas para Correa, que pasa de 22 años de cárcel a siete y tres meses por tres delitos electorales, falsedad documental continuada y fraude fiscal. Mientras que para los nueve empresarios donantes del PP valenciano, los constructores Enrique Ortiz, José Francisco Beviá, Alejandro Pons, Vicente Cotino, Antonio Pons, Enrique Gimeno, Rafael Martínez Berna, Tomás Martínez Berna y Gabriel Batalla, que reconocieron los hechos en 2016 y aportaron justificantes del pago de la responsabilidad pecuniaria, Anticorrupción, que pedía dos años, solo reclamó multas.

Caso bien diferente ha sido el de los acusados Ricardo Costa, ex secretario general del PPCV, y los empleados de Correa Álvaro Pérez, 'el Bigotes', y Pablo Crespo. Pese a que los tres endosaron la responsabilidad política de la financiación irregular del partido al expresidente de la Generalitat Francisco Camps y al expresidente de las Cortes Juan Cotino, la fiscal no creyó su testimonio y no solicitó las circunstancias atenuantes de su responsabilidad penal por confesión. Eso sí, los tres se vieron favorecidos por la rebaja de la pena a Correa y a los empresarios al tratarse de hechos delictivos similares.

En el caso de Costa, la Fiscalía pedía siete años y nueve meses por tres delitos electorales y falsedad documental continuada y la fiscal rebajó a cuatro años y tres meses de prisión, más 50.000 euros de multa. Mientras que 'el Bigotes' pasó de 27 años a 16 años y medio, y Crespo, de 22 años a 13 años y medio de prisión. Estos dos acusados y el propio Correa están en la actualidad en la cárcel cumpliendo condena por la pieza Fitur-Valencia, cuyo castigo fue confirmado ayer por el Tribunal Supremo.

La fiscal respondió al enfado de las defensas de estos acusados porque «no se puede atribuir el mismo efecto al que da un paso al frente en un momento temprano» en comparación a quienes han reconocido los delitos una vez que otros lo han hecho. El abogado de Costa había señalado que su cliente dio nombres, admitió su culpabilidad, describió las conductas y colaboró «activamente», pero esto no ha sido suficiente para la Fiscalía, que descartó estudiar la investigación de Camps.

Declaración «ejemplar»

El abogado del Estado Edmundo Bal, uno de los hombres más incisivos de la acusación y que ayer mostraba su alegría por el ingreso de los dos millones de Correa, justificó también que tanto Crespo como 'el Bigotes' reconocieron los hechos «a medias» y que no hicieron «ningún esfuerzo económico reparador».

En el caso del defensor de Costa, aseguró que su declaración en el juicio tuvo un «carácter ejemplarizante» en la sociedad, ya que es el «primer y único secretario general de un partido autonómico que ha asumido en una mala praxis en su comunidad», afirmó su abogado Juan Casanova. El letrado se mostró en desacuerdo por tanto en que ese testimonio no le haya supuesto el atenuante por confesión.

Margarita Crespo, hija y abogada del 'número dos' de Correa, apuntó un aspecto curioso: ninguna acusación, es decir, ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado ni la acción popular del PSOE valenciano, mostró «interés alguno por indagar» quién del PP valenciano pidió a los empresarios que sufragasen su deuda con Orange Market, la empresa del grupo Correa, «y a cambio de qué favores». «Y nos quedaremos sin saberlo», aseguró.

Para la abogada, nueve empresarios valencianos han llegado a una conformidad con Anticorrupción «a cambio de no hablar de lo que es de verdad corrupción». Algo que resulta «discriminatorio» con respecto a la actitud de su padre, que «ha hecho un esfuerzo mayor» y ha colaborado en el juicio, alegó.

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