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Dos fiscales de Lugo no creen «abusivo» que las prostitutas descansen un día a la semana

Piden archivar una pieza de la 'operación Carioca' contra el dueño de un club de alterne y cuatro guardias civiles

MATEO BALÍN

Lunes, 29 de enero 2018, 00:31

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madrid. Las fiscales de Lugo que investigan la 'operación Carioca', el mayor sumario contra la prostitución que se ha instruido en España y que ha salpicado a políticos y a miembros de las fuerzas de seguridad, han pedido el archivo de una de las piezas separadas que afectan al dueño de un club de alterne, su mujer y cuatro guardias civiles.

El informe remitido al Juzgado de Instrucción número uno de Lugo reclama el sobreseimiento contra los imputados por delitos de prostitución coactiva, abuso sexual por prevalimiento, revelación de secretos, omisión del deber de perseguir delitos, colaboración con la prostitución y cohecho impropio.

Más allá de que para las fiscales no haya quedado acreditada la perpetración de delito alguno, sorprenden los términos que utilizan las fiscales, y que «son incompatibles con la dignidad de la mujer, la igualdad de género y los derechos humanos», según diez organizaciones que forman la Red Gallega contra la Trata.

Las fiscales Belén Quintela y Nuria Fernández consideran la precariedad económica extrema de las trabajadoras del Club Liverpool -que da nombre a la pieza- como un mero dato social sin relevancia normativa; hacen caso omiso al hecho de que el dueño del burdel imponga a las mujeres un horario estricto, les «sugiera» no usar preservativo en sus relaciones o que les deje descansar un día para la semana, algo que «no puede considerarse abusivo o desproporcionado», justifican las fiscales para pedir el archivo para Eladio Rodríguez, propietario de este club con licencia de cafetería.

El «asombro» también llega ante la «condescendencia probatoria» con la que tratan el caso de una menor hallada en el club portando un pasaporte con el año de nacimiento corregido con un bolí, y que fue exhibido al dueño del club y a la policía; la prescripción de un delito de abuso sexual pese a que fue denunciado en comisaria hace ocho años o que consideren «simple cortesía» que los guardias civiles reciban regalos del empresario o le avisen de pesquisas.

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