El fiscal general ordena citar a los cinco alcaldes aforados que apoyan la consulta

Entre los regidores está el diputado nacional de PDeCAT Ferrán Bel y cuatro parlamentarios autonómicos

MATEO BALÍN

Madrid. El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha dado instrucciones a las Fiscalías del Tribunal Supremo y del Superior de Cataluña para que procedan a actuar contra los alcaldes que apoyan el referéndum secesionista del 1 de octubre y que tienen la condición de aforados, dado que son, además de regidores, diputados autonómicos o nacionales.

La instrucción del fiscal general detalla la citación en calidad de investigados (antes llamados imputados) de los alcaldes dentro de las diligencias de investigación abiertas por las distintas fiscalías y que, de momento, no han sido judicializadas.

En concreto, Maza exige que se cite a declarar ante la Fiscalía del Supremo al alcalde de Tortosa y diputado en el Congreso por PDeCat, Ferrán Bel, y ante la Fiscalía Superior de Cataluña a los diputados autonómicos y alcaldes de Mollerusa, Marc Solsona; Seu d'Urgell, Albert Batalla; Valls. Albert Batet; y Vilanova i la Geltrú, Neus Lloveras.

Maza recuerda a los primeros ediles que pueden incurrir en delitos castigados con cárcel

Ellos forman parte de la lista de 712 alcaldes a los que Maza pidió citar como investigados por estar dispuestos a ceder locales municipales al Ejecutivo de Puigdemont para organizar el referéndum soberanista del 1 de octubre, cita suspendida por el Tribunal Constitucional.

En relación con todos ellos, el oficio señala que deben incoarse diligencias de investigación para esclarecer, en relación con todos los ayuntamientos citados, si están «cooperando en la organización del referéndum ilegal».

Fuentes jurídicas explicaron que cada fiscalía provincial realizará las gestiones oportunas para determinar si hay más alcaldes aforados entre los colaboradores con la consulta y, una vez que se confirme, se procederá del mismo modo con ellos. Se calcula que en total habría una quincena de regidores aforados que han manifestado su apoyo a la consulta.

A diferencia del oficio que remitió Maza a esas fiscalías provinciales esta semana para pedir que se investigara a los alcaldes, en esta ocasión no solicitó la detención de los citados si se niegan a comparecer. Asimismo, en el caso de la alcaldesa de Vilanova, Neus Lloveras, se da la circunstancia de que la Fiscalía Superior de Cataluña se querelló el pasado jueves contra ella por promover el referéndum suspendido a través de la Asociación de Municipios por la Independencia, que ella misma preside.

El fiscal general del Estado recuerda en su escrito que la notoriedad de la prohibición de «los actos de organización del ilegal referéndum de autodeterminación» hace que cualquier conducta de las autoridades, funcionarios públicos o de particulares en connivencia con los anteriores dirigida a tal fin sea indiciariamente constitutiva de «al menos» los delitos de desobediencia y prevaricación «en cuanto supondría la adopción de resoluciones abiertamente contrarias al ordenamiento jurídico», ambos penados con multa e inhabilitación especial, y también del de malversación de fondos públicos.

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