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PAULA DE LAS HERAS
MADRID.
Miércoles, 17 de enero 2018, 00:34
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No es el único que lo piensa pero sí la única figura de peso en el panorama político español (independentismo al margen) que se ha atrevido a decirlo en público. Desde su atalaya de expresidente del Gobierno, Felipe González, no siente las ataduras de quienes bregan en la primera línea y eso siempre se nota en sus intervenciones. Ayer admitió sin problemas que tiene «dificultades» para ver en los investigados por el proceso secesionista de Cataluña un delito de rebelión, como el que les imputa el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena. Sí cree que se dan «todas las condiciones» para acusarles de sedición y también cree «evidente» que malversaron caudales públicos. Pero nada más.
El debate sobre este asunto lleva tiempo encima de la mesa. El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, pidió sin embargo a los suyos que no dejaran entrever sus discrepancias con las decisiones judiciales relacionadas con la causa independentista y que se limitaran a dejar claro que la Justicia tiene sus propios cauces y que la política no puede pretender alterarlos. Incluso cuando el líder del PSC, Miquel Iceta, dijo que el encarcelamiento de los líderes de ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cruixart, le parecía «desproporcionado», él trato de zanjar el debate. «No me pronuncio sobre decisiones judiciales, me gusten más o menos», dijo.
González no siguió esa máxima; aunque en realidad sólo fue fiel a lo que él mismo había anticipado antes de que la Fiscalía y los jueces se pronunciaran. El artículo 472 del Código Penal contempla el delito de rebelión para quienes traten de «derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución» y también para quienes intenten «declarar la independencia de una parte del territorio nacional», pero siempre y cuando «se alzaren violenta y públicamente» para lograrlo. El que fuera líder del PSOE durante 23 años, hasta 1997, ya dijo hace meses que no creía que promover la declaración unilateral de independencia como lo estaba haciendo la Generalitat encajara con esa descripción y ayer se ratificó durante una entrevista en al cadena Ser.
El expresidente admitió además que él se sentiría «más cómodo» si Sánchez, Cruixart, el exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, y el exconsejero de Interior, Joaquim Forn, no estuvieran en prisión provisional. En este caso, sin embargo, matizó que sus reservas se deben a que es una medida que no le gusta «en general» y no a que cuestione el criterio del juez instructor. Incluso adujo que los partidos independentistas están poniendo a Llarena «muy difícil» reconsiderar su decisión con el empeño de Junts per Catalunya en ignorar la ley e investir telemáticamente a Carles Puigdemont. «No parece una señal seria. ¿Podríamos proponer que un elefante fuera presidente? Porque no lo impide el reglamento...», ironizó.
El caso es que, según González, todo esto se podría haber evitado hace mucho tiempo si Mariano Rajoy no hubiera tenido tanto temor a aplicar el artículo 155 de la Constitución ya en 2014, cuando Artur Mas convocó la consulta del 9-N. Según dio a entender, así se lo planteó en su día al propio jefe del Ejecutivo, al que también trató de convencer de la necesidad de hacer política y evitar la vía judicial. Ahora hace más de tres años que no hablan.
Frente al jarro de agua fría que hace una semana lanzaron los 'padres de la Constitución' en la comisión territorial del Congreso a la propuesta de reforma del PSOE, González defendió así que es necesario actualizar el título VIII, el de la organización territorial. También lo hicieron Alfredo Pérez Rubalcaba en 'El País' y José Luis Rodríguez Zapatero en Marie Claire. Es, desde hace casi cinco años, su receta para resolver la crisis catalana.
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