Los exmiembros de la Mesa procesados defienden su «inviolabilidad parlamentaria»

MATEO BALÍN

MADRID. Cuatro exmiembros de la Mesa del Parlamento de Cataluña procesados en la causa del 'procés' comparecieron ayer en el Tribunal Supremo. Acusados de un delito de desobediencia, que conlleva la inhabilitación de cargo público, Lluis María Corominas (PDeCAT), Lluis Guinó (PDeCAT), Anna Simó (ERC) y Joan Josep Nuet (Catalunya Sí que es Pot) declararon al juez instructor Pablo Llarena que actuaron convencidos de que les protegía la «inviolabilidad parlamentaria» y defendieron que debatir cuestiones que pueden ser inconstitucionales en una Cámara representativa no es delictivo, según detalló Guinó a la salida y confirmaron fuentes jurídicas.

Los cuatro procesados, además de Ramona Barrufet (PDeCAT) que lo hizo por videoconferencia por cuestiones de salud, fueron citados para comunicarles en personas su procesamiento. Todos reclamaron la eliminación de las medidas cautelares, comparecencias judiciales y retirada del pasaporte, a la espera de resolverse los recursos contra el procesamiento dictado por el juez Llarena y que debe tramitar la Sala de Apelaciones.

Llarena les acusa de incumplir de forma «tenaz y perseverante» los requerimientos realizados por el Tribunal Constitucional para impedir la aprobación de las leyes del 'procés' que culminaron con la Declaración Unilateral de Independencia del 27 de octubre.

En el caso de Nuet, que se extendió 45 minutos a diferencia de sus compañeros, declaró que no se siente ningún «delincuente» si no «representante del pueblo de Cataluña», y admitió que aunque podemos «evidentemente» haber cometido errores «ninguno merecen una persecución criminal».

«Todo el apoyo»

La citación de los procesados fue recordada por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, quien les transmitió a través de las redes sociales su ánimo. «Una vez más, todo el apoyo», dijo.

Hoy será el turno de los exconsejeros Meritxell Borrás (Gobernación), Carles Mundó (Justicia) y Santi Vila (Empresa y Conocimiento), quienes conocerán su procesamiento por los delitos de malversación de caudales públicos y desobediencia. También está citada la exdiputada de la CUP Mireia Boya, a la que se le atribuye solo desobediencia como a su compañera Anna Gabriel, huida en Suiza. Con respecto a los tres primeros, el juez considera que eludieron los requerimientos del Constitucional y autorizaron gastos para el referéndum ilegal.

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