El exconsejero Gordó declarará como investigado por la financiación de Convergència

R. C.

madrid. El cerco judicial se estrecha sobre Germà Gordó, diputado en el Parlament, consejero de Justicia catalán entre 2012 y 2016 y uno de los dirigentes con más poder dentro de Convergència en los últimos años, además de hombre de la máxima confianza de Artur Mas. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) citó hoy a Gordó para que declare en calidad de investigado el 24 de julio por el presunto cobro de comisiones ilegales para su partido, una sospecha que persigue desde hace años al ahora refundado PDeCAT.

El TSJC, tribunal encargado de juzgar a Gordó por su condición de aforado, considera que el investigado pudo incurrir en los delitos de tráfico de influencias, prevaricación y malversación de fondos públicos. En concreto, se sospecha que el excargo convergente medio ante empresas para conseguir «cuantiosas donaciones» a fundaciones próximas a su formación a cambio de adjudicaciones públicas. Gordó reconoce que a lo largo de su carrera política se ha reunido con muchos empresarios, pero asegura que jamás pidió dinero alguno.

La causa llegó al TSJC desde el juzgado de El Vendrell que investiga la financiación ilegal de la antigua Convergència en el 'caso del 3%'. El instructor remitió al TSJC una exposición razonada con todos los indicios delictivos que detectó durante la investigación, especialmente en las diversas entradas y registros practicadas en la sede de Convergència, fundaciones afines, empresas y domicilios particulares. Especialmente, el escrito del juez aludía a la aparición del nombre del exconsejero en libretas con anotaciones manuscritas y otros documentos, además de las declaraciones judiciales de varios de los investigados y testigos.

Gordó abandonó en junio el PDeCAT al estallar el caso contra él, aunque optó por mantener el escaño autonómico y pasar al grupo no adscritos.

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