Estrasburgo sentencia que quemar fotos de los Reyes es un acto de libertad de expresión

Jaume Roura y Enric Stern, los dos jóvenes condenados por quemar fotos del Rey en 2007. :: mondelo / efe/
Jaume Roura y Enric Stern, los dos jóvenes condenados por quemar fotos del Rey en 2007. :: mondelo / efe

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condena a España por la «desproporcionada» pena a dos jóvenes que no incitaron al odio

MATEO BALÍN

madrid. Quemar fotos de los Reyes es un acto enmarcado en la libertad de expresión que no se puede castigar con penas de cárcel o multas. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) dio ayer un nuevo tirón de orejas a España. Esta vez fue por la aplicación de un delito, el de injurias a la Corona, que está en boca de la opinión pública por las últimas condenas a usuarios de las redes sociales por enaltecer el terrorismo y/o humillar a las víctimas que a veces viene acompañado de calumnias a los Reyes.

Por unanimidad de los siete magistrados, entre ellos el español Luis López Guerra, la corte con sede en Estrasburgo admitió el recurso de dos condenados por quemar cuatro fotos de los Reyes en una plaza de Gerona en 2007. Fueron Enric Stern y Jaume Roura, castigados en firme a pagar una multa de 2.730 euros cada uno tras ser sustituida por una condena a 15 meses de prisión impuesta por la Audiencia Nacional.

La sentencia señaló ayer que imponer una pena de cárcel por estos hechos constituyó «una injerencia en la libertad de expresión que no fue proporcionada con el fin perseguido» y condenó al Estado a indemnizar a los demandantes con la misma cantidad que pagaron de multa, 5.460 euros en total, además de otros 9.000 en concepto de costas.

La corte consideró vulnerado su derecho a la libertad de expresión protegido en el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Justificó que la quema de las fotos de los Reyes no puede considerarse una manifestación del discurso del odio, con riesgo directo o indirecto para terceras personas, derechos o libertades, mientras que la condena fue «desproporcionada».

En los fundamentos jurídicos del fallo, los magistrados reprochan además a la Audiencia Nacional que dictara una pena de cárcel en el caso de que Roura y Stern no pudieran pagar la citada multa. Añadieron que los hechos juzgados se enmarcan en el debate político y que por ello «la desaprobación legal del comportamiento constituye una interferencia en la libertad de expresión que no guarda proporción con el objetivo legítimo perseguido o necesario en una sociedad democrática».

Crítica política democrática

Así, la protección de la libertad de expresión excluye las formas «que propagan, incitan, promueven o justifican el odio racial, la xenofobia, el antisemitismo u otras formas de odio basadas en la intolerancia». Sin embargo, la crítica política a la Corona no está incluida en este ámbito, ya que ello «sería perjudicial para el pluralismo, la tolerancia y el espíritu sin el cual no existe una sociedad democrática».

Con respecto a la incitación al odio como justificación de la condena penal, la corte de Estrasburgo recuerda que a pesar de su carácter esencial la libertad de expresión tiene sus límites en una sociedad democrática, y así lo ha establecido la jurisprudencia de este órgano. Como ejemplo, cita manifestaciones pro-nazis o que negaron el Holocausto o aquellas que asocian a todos los musulmanes con actos terroristas.

Pero en este caso, y analizando los elementos utilizados para la puesta en escena de la quema de la foto de los Reyes y el contexto, el tribunal señaló que lo ocurrido no fue acompañado de una conducta violenta o de desórdenes públicos. Y no cambia esta conclusión, añade, el hecho de que días más tarde tuvieran lugar otras protestas contra la detención de los dos condenados, que fueron «una reacción contra el uso estatal de la represión penal».

El Tribunal Constitucional español tampoco amparó en su día a los condenados porque incitaron al odio con su acto. Sin embargo, la resolución contó con cuatro votos discrepantes que sirvieron de base para el recurso del abogado Benet Salellas, exdiputado de la CUP, que ayer afirmó que el fallo desvincula al independentismo con la violencia.

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