Esquerra rebaja el alcance de la amenaza de sangre y muertos que denunció Rovira

Los mediadores desmienten a la secretaria general de los republicanos

C. REINO

barcelona. Esquerra Republicana rebajó ayer el alcance de las acusaciones que la semana pasada vertió Marta Rovira sobre el Gobierno de Mariano Rajoy. La secretaria general del partido denunció que el Estado amenazó con enviar al Ejército a Cataluña y poner «muertos en las calles» si la Generalitat mantenía sus planes independentistas tras la proclamación de la república. Rovira aseguró que el Ejecutivo central hizo llegar las advertencias al Gobierno de Carles Puigdemont por «muchas vías».

Pero el portavoz de la formación republicana precisó ayer que la secretaria general del partido habló de sangre y muertos por comentarios públicos que hicieron varios dirigentes populares. Sergi Sabrià se refirió en concreto a la alusión que hizo el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, cuando dijo que Puigdemont podía acabar como su antecesor Lluís Companys. El diputado popular no concretó, en cualquier caso, si se refería a que podía acabar fusilado o solo detenido. Sabrià recordó también que la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, afirmó en un acto que el Ejército tiene como misión garantizar la soberanía y la integridad territorial de España. «Hablamos de la frase de Marta Rovira, pero no de lo que oímos de la ministra o del portavoz del PP que comparó a Puigdemont con el fusilamiento de Companys», se quejó el portavoz republicano.

Sectores independentistas han deslizado estos días que quienes trasladaron al Gobierno catalán las supuestas amenazas del Ejecutivo central fueron algunos de los mediadores que han intercedido entre las dos administraciones. Dos de ellos lo negaron. Primero, fue el arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, quien descartó que en su mediación antes de la declaración de independencia advirtiera de que podría haber violencia de Estado. El Sindic de Greugues (defensor del pueblo catalán), Rafael Ribó, aseguró que en ningún caso habló de muertos ni de sangre en la calle, solo avisó de una «reacción contundente» por parte del Estado.

La CUP, en cambio, sí creyó las denuncias de la dirigente de Esquerra. Los anticapitalistas dijeron que fueron advertidos de que podían ser acusados de atentados con muertos que cometerían los servicios de inteligencia en connivencia con grupos de extrema derecha. «Se nos dijo que podía ser violencia de falsa bandera ligada al independentismo», afirmó Mireia Boya.

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