El Ejecutivo calla y deja que la justicia valore la conducta del expresident

Por ahora, la Fiscalía General del Estado ultima la querella por rebelión que previsiblemente presentará mañana contra los artífices de la declaración unilateral de independencia aprobada el viernes en el Parlamento de Cataluña. Afectará al menos a los miembros destituidos del Ejecutivo catalán y a los de la Mesa de la Cámara autonómica que permitieron la votación. Pero fuentes gubernamentales apuntan que si, además, Puigdemont y los integrantes de su gabinete se resisten a aceptar el cese, podrían incurrir en un delito de usurpación de funciones.

Este supuesto está recogido en el artículo 402 del Código Penal, que advierte de que aquel que «ilegítimamente ejerciere actos propios de una autoridad o funcionario público atribuyéndose carácter oficial, será castigado con la pena de prisión de uno a tres años».

En el Gobierno mostraron ayer su malestar por que la televisión pública catalana emitiera la comparecencia de Puigdemont con el rótulo de «presidente de la Generalitat» y el formato de declaración institucional. Aunque lo «gravísimo», a juicio del PP, fue que no se reconociera destituido. «Su irresponsabilidad no tiene límites», censuró la cuenta oficial del partido en la red social Twitter.

Ante la previsión de aplicar las medidas al amparo del artículo 155 de la Constitución, miembros del Gobierno han alertado en los últimos días sobre la posibilidad de que la Generalitat se resista a acatar la resolución. Fuentes gubernamentales sostienen que lo trascendente es que el presidente, su número dos y los consejeros no tienen ya ni sueldo ni legitimidad para firmar ninguna orden. Y que esa circunstancia será trasladada a todos los poderes públicos para que la decisión se haga efectiva.

El Estado podrá imponer, además, sanciones disciplinarias a los funcionarios o personal laboral que no responda al nuevo mandato, sin perjuicio de ponerlo en conocimiento de la Fiscalía.