El difícil encaje del derecho a decidir

El difícil encaje del derecho a decidir
ILUSTRACIÓN: IVAN MATA

Para poder materializar esta figura, los catedráticos opinan que se tendría que abordar una reforma de la ConstituciónJuan José Álvarez Derecho Internacional PrivadoTeresa Freixes Derecho ConstitucionalAlberto López Basaguren Derecho ConstitucionalYolanda Gómez Derecho Constitucional

AINHOA MUÑOZ SAN SEBASTIÁN.

Abordar una reforma del Estatuto vasco con el horizonte puesto en incluir el derecho a decidir, como pretenden PNV y EH Bildu y, en todo caso, Elkarrekin Podemos, no es cuestión baladí para los catedráticos, que coinciden -mayoritariamente- en las dificultades con las que se topará la ponencia de autogobierno para dar legitimidad a una figura que, según los mismos expertos consultados, ni siquiera contempla la Constitución española. ¿La solución? En cualquiera de los casos, actualizar la Carta Magna.

Juan José Álvarez Catedrático de Derecho Internacional Privado de la UPV/EHU

LAS PREGUNTAS

«No hay argumentos para oponerse a que las sociedades decidan su futuro libremente»

1. Como principio de partida y base para la convivencia no existen argumentos democráticos para oponerse a que las sociedades decidan su futuro libremente; lo que cabe debatir es tanto la forma a través de la cual puede materializarse tal toma de decisión y qué ha de entenderse por tales sociedades. Ni una otra cuestión tienen desarrollo legal. El denominado derecho a decidir no es un concepto acuñado jurídicamente. Se articula más como un proceso que como un acto que agote sus efectos en sí mismo.

2. La secesión de una parte del territorio nacional no está contemplada en el ordenamiento constitucional; cosa distinta es plantearse la constitucionalidad de un referéndum no vinculante en el que se consultase acerca de la eventual independencia de una comunidad autónoma. En mi opinión, tal consulta sería factible previo pacto político acerca de la pregunta a formular. Y si propusiera la discontinuidad histórica que supondría la independencia, con las mayorías que en su caso se hubiesen pactado, habría que abordar la reforma constitucional para posibilitarla.

3. Creo que es factible y compatible con la Constitución. Aludir a nación foral supone asumir el respeto a la pluralidad desde un sistema institucional que ha de ser cooperativo, participativo y basado en la democracia configurada en torno a la noción de pacto

Teresa Freixes Catedrática de DerechoConstitucionalde la Univ. Autónoma de Barcelona

«La bilateralidad es un mito de imposible realización ni dentro de un Estado federal»

1. Constitucionalmente no hay encaje posible. Lo ha declarado el Constitucional en varias sentencias, relativas a declaraciones y resoluciones del Parlamento de Cataluña. No podríamos, pues, considerarlo un derecho ejercitable. Como máximo sería un «derecho emergente» o «expectativa de derecho».

2. En derecho interno no tenemos ninguna previsión al respecto. En derecho Internacional no cumplimos con ninguno de los requisitos que en éste se exigen para que la secesión pueda tener lugar: España no tiene territorios coloniales ni territorios sojuzgados, es decir, que sufren graves violaciones de derechos humanos. Por otra parte, la secesión de una parte de un territorio de un Estado de la UE supondría que se convertiría en un tercer estado, fuera de la Unión. Si es ésto lo que se pretende con la independencia.... quien lo defienda no sabe muy bien por dónde va el mundo.

3. Tal bilateralidad es un mito de imposible realización ni dentro de un Estado federal. Lo que se pretende es una bilateralidad que equivalga a un tipo de Estado que ya no existe, que sería la confederación. Incluso Suiza, que era confederal, se ha federalizado.

Alberto López Basaguren Catedrático de Derecho Constitucional de la UPV/EHU

«Existe un consenso unánime en el ámbito académico de que no existen tales derechos»

1. El derecho a decidir no tiene encaje en el sistema constitucional. Se identificaría con 'derecho a la autodeterminación' o 'derecho a la secesión'. Por mucho que los nacionalistas se empeñen, existe un consenso unánime en el ámbito académico sobre que ni en el derecho internacional ni en los derechos constitucionales de los Estados democráticos existen tales derechos para una comunidad como la catalana o la vasca.

2. La independencia de un territorio no es una cuestión de derecho sino, en su caso, de hecho. No es fácilmente imaginable que una Constitución democrática reconozca ese derecho. Cuestión diferente es cómo debe afrontar un sistema democrático la voluntad de una comunidad, expresada de forma mayoritaria y de forma sostenida en el tiempo, de convertirse en un Estado independiente. En estos tiempos, el resto de Estados no aeptarían el empleo de la fuerza y exigirían afrontarlo de forma democrática. Es lo que representa la construcción realizada por el Supremo de Canadá respecto a Quebec. Eso no facilita, necesariamente, la posibilidad de independencia: aboca a que la comunidad que desea independizarse tenga que enfrentarse, en el proceso de negociación, a las condiciones de la independencia. Y hay un consenso acerca de que esas condiciones -y la inestabilidad que acarrea la fractura- la harían imposible.

3. Relaciones bilaterales siempre existen en los sistemas federales; pero de forma limitada, no en términos 'confederales' como parece pretender el PNV. El tiempo lo dirá, pero un sistema similar me parece inasumible por el sistema constitucional. El Concierto Económico, cuyo esquema pretende trasladarse al ámbito político, es una absoluta excepción que tiene amparo histórico porque en 1878 se estableció un sistema peculiar de contribución tributaria a la Hacienda del Estado. Convertir una excepción en norma va a provocar que se ponga más la atención sobre los desequilibrios que provoca el cálculo del Cupo.

Yolanda Gómez Catedrática de Derecho Constitucional en la UNED

«El problema es el uso de palabras que no se sabe cuál es su contenido real»

1. El problema es el uso de palabras de las que no se sabe cuál es o podría ser su contenido real. Si por derecho a decidir se entiende una capacidad de una parte de la población que coincide con una parte del territorio español mediante la cual pueden adoptar decisiones unilaterales que afecten a la totalidad de la nación, el derecho a decidir no tiene encaje en un Estado como el español actual. Por supuesto que los Estados pueden articularse territorialmente de varias maneras si hay pacto y acuerdo.

2. La única fórmula posible es una reforma constitucional que admitiera que una parte del Estado pudiera, unilateralmente, independizarse. Esto no esta reconocido en ninguna de las constituciones europeas de nuestra área socio-política y considero realmente difícil que pudiera encajarse en una reforma constitucional en España.

3. Al final, de lo que se trata es de poder obtener una situación jurídica diferente y más favorable que la que tienen otros territorios del Estado. Esta singularidad ya existe en el País Vasco. La petición ahora sería profundizar más en ella. Esta tesis puede generar agravio comparativo si las diferencias no están debidamente fundamentadas en hechos objetivos.

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