25 días sin respiro judicial

Un manifestante muestra una urna, el pasado día 19, ante la Fiscalía Superior de Cataluña. :: reuters/
Un manifestante muestra una urna, el pasado día 19, ante la Fiscalía Superior de Cataluña. :: reuters

La Fiscalía General ha liderado la respuesta penal en varios frentes tras la suspensión del referéndum por el TC

MATEO BALÍN

madrid. Nunca antes se había visto una respuesta judicial tan enérgica para responder a un desafío político. Desde que el Parlament aprobara el pasado 6 de septiembre las leyes para el referéndum unilateral de autodeterminación de mañana, el Poder Judicial se ha convertido en la herramienta más precisa para detener el plan del Govern y de una mayoría de diputados de la Cámara catalana. En solo 25 días, la Fiscalía General del Estado ha liderado «sin vacilaciones» la réplica penal «de quienes se sitúan al margen de la ley», tal y como avanzó José Manuel Maza ante el rey Felipe VI en la apertura del año judicial del 5 de septiembre.

Junto al Ministerio Público, brazo ejecutor de la acción del Gobierno hasta ahora, el Tribunal Constitucional (TC), el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), la Audiencia Nacional, los juzgados ordinarios o el Tribunal de Cuentas han tenido también su cuota de protagonismo. Una circunstancia que da buena medida de la magnitud de este asunto territorial. Para el Govern, todo parte del «ardor guerrero» del fiscal general para acallar la determinación de un pueblo a decidir. Para Maza, no es más que una respuesta «firme y enérgica» ante la «sinrazón» de quienes se saltan la ley. Política frente a Justicia, una contienda dañina por la ausencia de diálogo entre las partes. Estos han sido los movimientos judiciales en estos 25 días:

Cuatro querellas a 26 altos cargos, una denuncia por sedición e instrucciones de actuación en todos los frentes

Tribunal Constitucional. La maquinaria de la corte de garantías comenzó a funcionar 24 horas después de que el Parlament aprobara las leyes del referéndum del 6 de septiembre. Por unanimidad, los magistrados admitieron a trámite los recursos del Gobierno central y decretaron, de forma automática, la suspensión cautelar de los acuerdos de la Cámara catalana durante cinco meses prorrogables mientras resuelven. Junto a esa decisión, el pleno advirtió a un millar de altos cargos y alcaldes catalanes de las posibles consecuencias penales en caso del desobedecer su resolución y celebrar el referéndum. El 12 de septiembre hicieron lo propio con las leyes de transitoriedad, esto es, con el andamiaje jurídico para llegar a la república catalana tras la votación del domingo.

Un día después se rechazó la recusación de todos los magistrados pedida por Carme Forcadell, presidenta del Parlament, y se avisó expresamente a la Sindicatura Electoral Catalana de multas en 48 horas si no desistían en su intento de simular a la Junta Electoral. Pero estos desobedecieron y el jueves 21 de septiembre el TC fijó multas diarias de 12.000 euros para cada uno de sus cinco miembros y 6.000 para cada síndico territorial. Un día después el Govern disolvió la sindicatura para evitar las sanciones económicas.

Fiscalía General del Estado. Desde que el TC suspendiera las leyes del referéndum el 7 de septiembre, el fiscal general ha ordenado la interposición de cuatro querellas contra 21 altos cargos de la Generalitat, entre ellos el Govern en pleno y los cinco integrantes de la Sindicatura Electoral Catalana; una denuncia por sedición en la Audiencia Nacional; ha emitido siete instrucciones de actuación dirigidas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad -incluida la creación de un mando el pasado sábado para acabar con las diferencias con los responsables de los Mossos d'Esquadra- y ha remitido un oficio a las delegaciones provinciales catalanas para que investigan los casos de menores que no asisten al colegio para apoyar las manifestaciones en favor del 1-O.

Tribunal Superior de Cataluña. Las dos primeras querellas anunciadas por el fiscal general por delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos (conlleva prisión) fueron admitidas el 8 de septiembre por el TSJC. Están dirigidas contra los cinco miembros de la Mesa del Parlament que tramitaron las leyes del referéndum y contra los 14 integrantes del Govern, con Puigdemont a la cabeza. Todos ellos por su condición de aforados. La primera cayó en manos de la magistrada María Eugenia Alegret, que ya tenía abierta otra causa desde primavera contra Forcadel y sus compañeros. El segundo procedimiento lo instruye Mercedes Armas, quien ha tomado tres decisiones de peso: la asunción de todas las diligencias para evitar la votación, la ratificación del mando policial y la orden para cerrar edificios y locales públicos que podrían ser utilizados para poner las urnas mañana.

En la tercera causa abierta en el TSJC en estos 25 días, el juez Jordi Seguí admitió el 18 de septiembre la querella de la Fiscalía contra los dos presidentes de las asociaciones de municipios independentistas por un delito de desobediencia (conlleva inhabilitación). La razón es promover la participación de los ayuntamientos en el 1-O pese a la suspensión del TC. Se habían inscrito 712 de 947 municipios y el 13 de septiembre el fiscal general ordenó interrogar a los alcaldes como investigados por colaborar con el referéndum y detenerlos si no comparecen.

Juzgados de instrucción. Al menos cuatro causas sin aforados sobre el referéndum se investigan en juzgados ordinarios. El número 13 de Barcelona llevó a cabo la 'operación Anubis' el miércoles 20 contra el núcleo organizador del 1-0, hubo 41 registros y 14 detenidos por la Guardia Civil. Las pesquisas son una ampliación de la causa que ya seguía el juez Ramírez Sunyer contra el exsenador de ERC Santi Vidal y otras dos personas por una denuncia del abogado Miguel Durán y una querella posterior del partido Vox. El número 15 de Barcelona investiga a los cinco miembros de la Sindicatura Electoral tras una querella de la Fiscalía. El número tres de Terrasa (Barcelona) ordenó el 18 de septiembre un registro en la empresa Unipost para intervenir sobres de la Generalitat y un juzgado de Paterna (Valencia) ha citado a dos jóvenes por clonar la página web del referéndum para su reactivación.

Audiencia Nacional. La juez Carmen Lamela admitió este miércoles la denuncia por un delito de sedición presentada el pasado viernes por la Fiscalía, después de los incidentes ocurridos el 20 y el 21 de septiembre en Barcelona contra la comisión judicial de la 'operación Anubis'. La primera tarea de la Guardia Civil será remitir un atestado sobre estos hechos e identificar a los promotores de las concentraciones. Es muy factible que los presidentes de Asamblea Nacional de Cataluña y Omnium Cultural acaben siendo investigados.

Tribunal de Cuentas. El pasado lunes el órgano fiscalizador de la Administración concluyó la instrucción del expediente abierto por los gastos de la consulta del 9 de noviembre en Cataluña. El acta de liquidación provisional afecta a ocho personas, entre ellas el expresidente de la Generalitat Artur Mas y tres exconsejeros, quienes tendrán que presentar una fianza de forma directa y solidaria de 5,25 millones de euros en 15 días para hacer frente a su responsabilidad en caso de una posible condena. En caso contrario, serán embargados con sus bienes. Los colectivos independentistas aseguraron el mismo lunes que ya habían recaudado dos millones a través de donaciones.

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