La desconfianza entre la Generalitat y el Gobierno frustró el viraje de Puigdemont

El Ejecutivo catalán trasladó el miércoles que el presidente aceptaba abrir las urnas aunque sus exigencias fueron endureciéndose

NURIA VEGA

madrid. Existieron motivos para la esperanza. A principios de semana el Gobierno supo que dentro de la Generalitat había quien trabajaba por una convocatoria de elecciones autonómicas que dejara en suspenso la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Y aunque en la Moncloa creyeron que las probabilidades de éxito eran mínimas, «microscópicas», la noche del miércoles el Ejecutivo catalán confirmó que Carles Puigdemont estaba dispuesto a llamar a las urnas. Apenas 20 horas después, la maniobra se vería frustrada.

Lo que ocurrió en ese intervalo de tiempo sólo lo explica la desconfianza anidada entre el Palau de la Generalitat y el Palacio de la Moncloa. Porque si Puigdemont creyó no obtener «garantías» para dar el paso y convocar elecciones, el Gobierno siempre intuyó que el independentismo podría tenderle una trampa. «Cuando se ha renunciado a la política -explica un representante del PdeCAT sin ánimo de centrar la responsabilidad en una parte-, ya es tarde para un diálogo efectivo».

El primer defensor de intentar reconducir la crisis hasta el último minuto y anticipar los comicios en Cataluña ha sido Santi Vila. Y con la dimisión del consejero de Empresa y Conocimiento a última hora del jueves, quedó enterrada toda posibilidad de encarrilar el conflicto. «Mis intentos de diálogo nuevamente han fracasado», se despidió en la red social Twitter a las diez de la noche.

El consejero dimitido, Santi Vila, estuvo en contacto con la delegación del Gobierno y Ana Pastor

Fue él, amigo personal de Puigdemont, quien horas antes, esa misma mañana, había hecho llegar a la delegación del Gobierno en Cataluña, dirigida por Enric Millo, que la opción electoral cobraba fuerza. También conversó con la presidenta del Congreso, Ana Pastor, persona de confianza de Rajoy. Estaba en lo cierto. Tanto es así que desde el PNV aseguran que el lehendakari, Iñigo Urkullu, que trató de mediar, tuvo la percepción de que la decisión estaba tomada, que el acuerdo era posible.

Los contactos se multiplicaron, y no sólo en el segundo escalafón del Gobierno y la Generalitat. Agentes del ámbito político, como el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, pero también del mundo económico y social, según el Ejecutivo, intentaron contribuir. Y llegó el anuncio de que a las 13:30 horas Carles Puigdemont intervendría ante los medios de comunicación en la sede del gobierno catalán.

A la vista de los continuos retrasos que sufrió esa comparecencia no todo estaba cerrado. Fuentes gubernamentales y del PDeCAT confirman que el presidente catalán quiso tener la seguridad de que su «sacrificio» en términos políticos supondría la retirada de las medidas al amparo del artículo 155 de la Carta Magna. Si buscaba un compromiso explícito y cerrado del Gobierno, no lo obtuvo.

El primer paso

Un alto cargo del Ejecutivo explica que nunca se pensó en interrumpir los trámites en el Senado. Es más, el grupo parlamentario del PP tiene dudas de que eso fuera técnicamente posible. Si acaso, podría haberse votado en contra del texto. Pero tampoco estuvo en la cabeza del Ejecutivo. Como la Cámara alta simplemente autoriza, pero no obliga a intervenir la autonomía catalana, lo que sí habría podido someterse a estudio es la no aplicación posterior de las medidas o su modulación.

Así que según relata el Gobierno, se dio a entender a Puigdemont que si él «cambiaba las circunstancias», el Ejecutivo tendría que analizar el «nuevo marco». En resumen, que el primer paso dependía del presidente de la Generalitat. La sugerencia de flexibilidad, sin embargo, no le resultó suficientemente «justa» al dirigente catalán. Fue entonces cuando llegaron a la Moncloa mensajes de terceras personas planteando la puesta en libertad del presidente de la Asamblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez, y el de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, además de una petición de inmunidad para el propio Puigdemont. Propuestas inasumibles para Mariano Rajoy. La rendija que había alimentado la esperanza de desbloquear el conflicto quedó sellada.

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