DESARTICULAR EL GOLPE

Aunque con actos previos inconstitucionales desde hace varios años, el golpe se manifiesta claramente en el Pleno del Parlament de los días 6 y 7 de septiembre. Entonces se vulneró el Reglamento parlamentario, reconocido posteriormente por los propios culpables, y se aprobaron con un simulacro de debate leyes no solo inconstitucionales sino claramente insurreccionales, que fueron inmediatamente suspendidas por el Tribunal Constitucional.

Sin embargo, se ha seguido con obstinación el intento de golpe y su punto álgido hasta el momento ha sido el referéndum del domingo pasado. En esa aciaga jornada del 1 de octubre se juntó la irresponsabilidad golpista del Govern catalán, con un referéndum sin ninguna garantía legal y democrática y una actuación poco profesional de los Mossos d'Esquadra incumpliendo las órdenes judiciales, y una muy deficiente gestión del Gobierno central que puso a la Policía y a la Guardia Civil en una situación muy complicada en el intento de última hora de cierre de colegios 'electorales'. Todo ello en medio de una movilización, que en algunos momentos devino en levantamiento popular, y que puede continuar en los próximos días.

Se habla ahora de una declaración de independencia, que carecerá de todo valor legal. Una declaración de tal tipo solo triunfa con dos condiciones: el control efectivo del territorio, de sus fronteras y de su población, y el reconocimiento internacional. Lo primero es muy complicado, por no decir imposible, si el Gobierno actúa con firmeza y eficacia, y lo segundo no tiene ningún viso de producirse, habida cuenta de la reacción internacional hasta el momento. De todas formas, el Gobierno ha de ser consciente de que su imagen ha quedado dañada y eso empieza a erosionar su credibilidad internacional.

Consecuencia de los acontecimientos anteriores se agolpan las voces que piden diálogo y negociación, que debe producirse en su momento pero que tendría que esperar a la completa desarticulación del golpe. Lo primero para un Estado que se precie de serlo es asegurar su efectividad en todo el territorio nacional. Si se declara la independencia de Cataluña deben activarse las previsiones constitucionales que permitirían al Gobierno adoptar toda medida necesaria para el retorno al orden constitucional, es decir, aplicar la coerción estatal del artículo 155 de la Constitución.