Desarticulan una red de trata para la explotación sexual en Madrid y Almería

Las víctimas eran obligadas a ejercer la prostitución en un clima de amenazas, palizas y coacciones para saldar una deuda que ascendía a los 30.000 euros

COLPISA

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal nigeriana dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual y han liberado a cuatro víctimas. Las investigaciones han posibilitado la detención de cinco miembros de la red criminal en las provincias de Madrid y Alicante donde estaba asentada. Las víctimas eran obligadas a ejercer la prostitución en un clima de amenazas, palizas y coacciones para saldar una deuda que ascendía a los 30.000 euros. Sus explotadores marcaban los precios por los servicios sexuales variando de 20 a 30 euros dependiendo del tiempo que permanecieran con los clientes. Desde la puesta en marcha del Plan Policial contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual en 2013 se han realizado más de 1.400 operaciones, con más de 3.400 detenidos, más de 1.900 víctimas y se han recibido en el teléfono 900 10 50 90 y en el correo trata@policia.es más de 6.800 comunicaciones.

Las investigaciones iniciadas en Almería revelaban que varias ciudadanas nigerianas estaban en situación de explotación sexual y que ejercían la prostitución callejera en el centro de Madrid y en cortijos y pisos de la provincia de Almería. La organización criminal de origen nigeriano, asentada en Madrid y Almería, tenía su ámbito de actuación en distintos puntos del territorio nacional y obligaba a sus víctimas mediante amenazas y palizas a prostituirse aprovechándose de la situación de vulnerabilidad de las mismas.

Algunas de las víctimas utilizaron la misma ruta hasta llegar a Italia, siendo su destino final la explotación sexual, primero en Madrid y Almería respectivamente para terminar algunas de ellas en un cortijo de Níjar (Almería). Según el relato de dos de las víctimas, estas fueron captadas en Benin City (Nigeria) desconociendo el trabajo con el que se ganarían la vida a su llegada a Europa. También fueron sometidas a rituales de vudú y bajo juramento se comprometieron a no denunciarles ante la Policía, a que no se escaparían y a que todo el dinero que obtuvieran ejerciendo la prostitución deberían devolverlo en concepto de los gastos contraídos por facilitarles la documentación y trasladarles hasta España, alrededor de 30.000 euros. Asimismo, debían añadir a esta cantidad gastos en concepto de manutención, residencia y billetes de medios de locomoción para sus explotadores. En caso de no abonar las cantidades impuestas por dichos conceptos éstas se sumaban a la deuda principal, con lo que el control por parte de la organización se dilataba aún más en el tiempo.

Los principales miembros de la red, que poseía una fuerte estructura tanto en Europa como en Nigeria, eran un hombre asentado en Níjar (Álmería) y una mujer que operaba desde Móstoles (Madrid). Ambas víctimas iniciaron el viaje pasando por las ciudades de Lagos y Kanu y a continuación atravesaron el desierto llegando a las ciudades de Agadez y Arlit, en Níger. Al llegar a Tamanrasset (Argelia) y luego a la ciudad libia de Misurata, partieron hasta Italia en patera. Una vez allí realizaron un recorrido diferente, una de ellas viajó en autobús desde Bolonia hasta Almería acompañada por el principal miembro de la organización, y en el caso de la otra víctima su viaje fue en avión desde Turín, también junto a un miembro de la red, hasta Madrid para ser puesta a disposición de la otra líder de la organización. En ambos casos fueron aleccionadas por los integrantes de la red de cara a su paso por los controles fronterizos.

Debido a las distintas ciudades donde estaba asentada la organización criminal algunas de las víctimas tenían como destino Madrid, donde ejercían la prostitución en vía pública hasta que se acordaba un servicio con un cliente, momento en el que se desplazaban a un hotel cercano, mientras que en Almería ejercían la prostitución en cortijos de la provincia. Los precios de los servicios eran marcados por los miembros de la red criminal, variando de los 20 a los 30 euros en función del tiempo que permanecieran con los clientes, dinero que debía ser entregado en mano, no dudando los explotadores en insultar y amenazar a las víctimas si no entregaban lo suficiente.

Esta operación se enmarca dentro de la Segunda Fase del Plan de la Policía Nacional contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual, puesto en marcha en 2013. Desde entonces se han realizado 1.400 operaciones, con más de 3.400 detenidos y más de 1.900 víctimas. Asimismo, la Policía Nacional mantiene activadas desde entonces la línea telefónica 900 10 50 90 y el correo trata@policia.es para facilitar la colaboración ciudadana y la denuncia, anónima y confidencial, de este tipo de delitos. Desde sus inicios se han recibido más de 6.800 comunicaciones, entre llamadas y correos, de las cuales más de 1.600 han derivado en investigaciones operativas.

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