CRÓNICA DE UN GOLPE ANUNCIADO

El Parlament aprobó ayer la Ley de Referéndum para hacer la consulta secesionista el 1 de octubre. Lo que se presumía otro momento histórico en el devenir de la revolución de las sonrisas diseñada por los separatistas, se transformó en una jornada triste y esperpéntica donde la oposición luchó denodadamente para hacer valer sus derechos y su dignidad democrática. La jornada comenzó con el uso del artículo 81.3 del Reglamento de la Cámara para introducir en el orden del día el proyecto de ley en cuestión. Proyecto que previamente solo habían podido leer Junts pel Sí y la CUP. De inmediato, ante las intenciones de la mayoría de la Mesa, el letrado mayor y el secretario general de la institución advirtieron de la existencia de varias sentencias del Tribunal Constitucional que imposibilitaban la tramitación del proyecto: se contrariaban en particular la STC 259/2015 y varias interlocutorias que con posterioridad servían para ejecutar dicho pronunciamiento. Es decir, si se hacía efectiva la incorporación en el orden del día, los miembros de la Mesa estarían incurriendo -entre otros- en un posible delito de desobediencia. Los altos funcionarios del Parlament quedaban en principio protegidos ante las inminentes actuaciones penales anunciadas por el Gobierno y la Fiscalía.

A partir de aquí el bochorno ha sido constante. La presidenta de la Cámara, Carme Forcadell, intentaba sin éxito justificar lo injustificable: la apropiación por parte de diputados del independentismo del Boletín Oficial del Parlament, la negativa a preguntar -prevista en la ley y el Estatuto- al Consejo de Garantías Estatutarias sobre la constitucionalidad del proyecto y la imposibilidad de realizar un trámite ordinario de enmiendas. De hecho, la oposición solo ha contado con una hora y media para leerse el texto y poder presentar cambios. Lo más grave, en todo caso, es que la ley se vaya a aprobar sin el sustento de ninguno de los procedimientos estatutarios: el trámite de urgencia no se ha invocado, y la lectura única está suspendida por un auto del Tribunal Constitucional. Se aprobará entonces por la brava.

Miren, a estas alturas nadie debe engañarse: veremos durante este mes cosas aún peores. El gobierno de los hombres pretende sustituir al gobierno de las leyes en Cataluña. Esto no se puede consentir: ni lo puede hacer el Gobierno de la nación, ni lo puede hacer la propia Unión Europea. La democracia puesta en marcha en el continente a partir de 1950 intentó vacunar a nuestras sociedades de cualquier forma de poder que no estuviera limitada constitucionalmente: ello implicaba un adecuado equilibrio entre la participación política y el liberalismo expresado en la separación de poderes y la garantía de los derechos fundamentales. Este equilibrio ha permitido con mayor o menor éxito resguardar a las minorías de los abusos de las mayorías y construir un suelo civil sobre el que dirimir las lógicas diferencias políticas.

Pero llevamos muchos años sin combatir discursos que minan de forma sistemática nuestra democracia (la representativa, por cierto). Por eso, lo que ocurrió ayer en el Parlament no es fruto de la casualidad. Resulta sorprendente ver con qué alegría algunos recorren platós de televisión disociando legalidad y legitimidad, creando el caldo de cultivo adecuado para que cualquiera pueda atribuirse la capacidad de disponer si la Constitución o cualquier otra norma es vinculante. Con este argumento, basta encontrar una mayoría contingente para destruir cualquier sistema político que no sea de nuestro agrado. Las primeras víctimas de este modelo autoritario serán siempre las normas e instituciones contramayoritarias que protegen al disidente, es práctica conocida. Apunten esta frase de Puigdemont del debate de ayer y contengan la respiración: «La democracia no se define ni se justifica por el respeto a los procedimientos». Nos costará salir de esta.

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