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Crespo y 'el Bigotes' buscan también un acuerdo tras la confesión de Correa

Suspenden el juicio hasta mañana para preparar su declaración después de revelarse que Costa controlaba la financiación irregular del PP valenciano

MATEO BALÍN

MADRID.

Jueves, 18 de enero 2018, 00:30

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La escena de la sesión de ayer en el juicio de la rama valenciana del 'caso Gürtel' hacía prever algún movimiento sorpresa de las defensas. La puerta de la sala de vistas de la Audiencia Nacional estuvo cerrada a cal y canto durante cerca de dos horas, pese a que el comienzo de los interrogatorios de la pieza de la financiación irregular del Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV) estaba previsto para las 10:30 de la mañana.

Pocas explicaciones se dieron al resto de abogados que se quedaron en el vestíbulo, esperando. En el interior, eso sí, se encontraban la fiscal anticorrupción Miriam Segura, el juez central de lo penal José María Vázquez Honrrubia y el abogado del Estado Edmundo Bal, el mismo que el martes logró sacar a Francisco Correa una revelación clave para el devenir de la vista oral: el nombre del acusado Ricardo Costa como la persona del PPCV que le dijo a Pablo Crespo, 'número dos' de las empresas de Correa, cómo y con quién había que facturar de forma ficticia actos electorales del partido entonces presidido por Francisco Camps.

La única señal de qué estaba pasando en la sala la dio la ausencia en el recibidor de los abogados de Pablo Crespo y de Álvaro Pérez, 'el Bigotes', el hombre de Correa en Valencia a través de la sociedad Orange Market. Estaban dentro, claro, tratando de buscar un acuerdo de última hora con la fiscal antes de que comenzara su interrogatorio.

La identificación del ex secretario general del PPCV puede provocar un efecto cadena en la vista

Una negociación que llegó después de la inesperada confesión de Correa el día anterior, ya que el líder de la 'Gürtel' no solo despejó la X de Ricardo Costa, ex secretario general del PPCV, sino que puso en un verdadero brete a sus dos «trabajadores» cuando la fiscal o el abogado del Estado les requirieran en su interrogatorio confirmar lo que había revelado su jefe.

Ello pese a que la estrategia de los tres acusados, hasta la fecha, había consistido en que Correa asumía toda la responsabilidad y el control absoluto de la 'caja B' de sus empresas con la que pagaban a políticos del PP a cambio de adjudicaciones. Una manera de colaborar con la Fiscalía pero también de poner un cortafuegos con el resto de empleados de su grupo, entre ellos Crespo y 'el Bigotes', «excelentes profesionales», según aseguró el martes al juez.

Sin embargo, la mención de Ricardo Costa obliga directamente a ambos a 'mojarse' y esta nueva situación pilló ayer con el pie cambiado a sus abogados, Miguel Durán (Crespo) y José Javier Vasallo ('el Bigotes'), respectivamente. Éste último defiende también en el 'caso Púnica' al ex secretario general del PP de Madrid Francisco Granados.

«Hechos relevantes»

Así, los letrados paralizaron el comienzo de los interrogatorios de sus clientes y buscaron un acuerdo de última hora para confesar los hechos a cambio de rebajar sus penas: se enfrentan, respectivamente, a 22 y 27 años de cárcel por tres delitos electorales, uno continuado de falsedad documental y varios de fraude fiscal entre los años 2005 y 2008.

Tras dos horas de negociación se abrió la puerta y comenzó la sesión, ya con todos los abogados sentados en la sala. El juez Vázquez Honrrubia consultó a las partes y tras determinar el consenso decretó la suspensión de la vista hasta mañana. En concreto, invocó el artículo 746 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), que faculta a las partes a paralizar la vista «cuando revelaciones o retractaciones inesperadas produzcan alteraciones sustanciales en los juicios, haciendo necesarios nuevos elementos de prueba o alguna sumaria instrucción suplementaria». En este caso, según el juez, los citados «hechos relevantes» que podría aportar Pablo Crespo y ratificar 'el Bigotes'.

La jornada de hoy servirá a los abogados para trasladarse al centro penitenciario de Soto del Real (Madrid) y preparar las declaraciones. Los dos acusados y Correa llevan 11 meses en prisión preventiva tras la condena del Tribunal Superior de Justicia de Valencia por una pieza de 'Gürtel': los contratos de la Generalitat con empresas de la trama desde 2005 hasta 2009 para la feria Fitur.

De lo que declaren mañana podría dejar casi sentenciado a Ricardo Costa, a quien la Fiscalía Anticorrupción reclama siete años y nueves de prisión, y provocar un efecto en cadena si éste también decide 'tirar de la manta' al verse acorralado por las delaciones de los tres principales acusados.

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