Los constitucionalistas rechazan la fórmula para compensar al expresidente

Maillo, en su comparecencia tras la reunión del Comité de Dirección del PP. :: f. villar / efe/
Maillo, en su comparecencia tras la reunión del Comité de Dirección del PP. :: f. villar / efe

El PP tacha de ocurrencia la doble investidura que planean los secesionistas y reclama a Arrimadas que mueva ficha

NURIA VEGA

madrid. Hace días que Gobierno y PP contemplan a los independentistas «dando vueltas en la noria» de Carles Puigdemont. Y ahora, la última vía que recorren Junts per Catalunya y Esquerra, la de reconocer a un presidente simbólico en Bruselas y a otro ejecutivo en Cataluña, no es más que «una ocurrencia» a ojos de los conservadores. «No son capaces de ponerse de acuerdo en una investidura y quieren dos, es fantástico», ironizó ayer el coordinador del partido, Fernando Martínez Maillo, que exigió «respetar» a los ciudadanos.

Ni en la Moncloa ni en la calle Génova están interesados en que el bloqueo persista, de ahí las llamadas constantes a Roger Torrent para que como presidente del Parlamento de Cataluña designe un nuevo candidato libre de cargas judiciales que permita al Gobierno dejar la administración catalana en manos de la nueva Generalitat. Todo el tiempo invertido en investir a Puigdemont, lamentan en el Ejecutivo, es una prórroga innecesaria del artículo 155 de la Constitución.

Desde que el Tribunal Constitucional cerró el paso a una elección telemática del cabeza de cartel de Junts per Catalunya, en la Moncloa ya sólo están a la espera de que los letrados del Parlamento autonómico alumbren el camino a recorrer. Extinguido el plazo que recoge la ley catalana de Gobierno para celebrar el primer debate de investidura, los juristas estudian si se ha activado o no la cuenta atrás de dos meses antes de convocar unas nuevas elecciones o si cabe la opción de que el tiempo haya quedado congelado.

Iceta advierte del daño que se causa a las instituciones por buscar una salida a Puigdemont

En el Gobierno se trabaja, por ahora, con este último escenario, con la posibilidad de que el reloj no avance hasta que el Tribunal Constitucional atienda las alegaciones de las partes y resuelva si admite a trámite el recurso del Ejecutivo contra la candidatura de Puigdemont. Fuentes gubernamentales confían plenamente en que así será y, en todo caso, creen que impugnar para impedir la reelección del expresidente, aun sin el aval del Consejo de Estado, ha compensado.

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, defendió ayer en la Cadena Ser que «vale la pena» el desgaste que haya podido sufrir el Gobierno por su actuación. Sobre todo, explicó, por la «ilegalidad» que habría supuesto investir presidente de la Generalitat a «un prófugo de la justicia», algo que «no se habría entendido ni dentro ni fuera de España».

Premio de consolación

En la falta de idoneidad de Puigdemont como candidato coincidieron ayer tanto Ciudadanos como el PSC, que advirtió del riesgo de degradar las instituciones pactando una salida política para el expresidente a modo de «premio de consolación». Además, el primer secretario de los socialistas catalanes, Miquel Iceta, tachó de inviable tanto la investidura del líder de Junts per Catalunya como la de cualquier diputado encausado.

También Inés Arrimadas reivindicó un presidente para Cataluña sin cargas judiciales y reclamó «valentía» a los secesionistas para plantar cara a Puigdemont. Por su parte, rechazó optar a ser investida, pese a la presión del PP. Los populares volvieron a pedirle ayer que deje de hacer de «estatua de sal» y tome la iniciativa como candidata de la lista que ganó las elecciones. «El voto útil -censuró Martínez Maillo- se ha convertido en victoria inútil». Un mensaje que más bien parecía dirigido al electorado conservador seducido ahora por Ciudadanos.

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