El Constitucional prohíbe financiar el 1-O con el dinero de la Generalitat

Junqueras y Puigdemont, tras la toma de posesión del nuevo consejero de Cultura . :: Andreu Dalmau / efe

Junqueras afirma que la legalidad española «no es legal» y amenaza con no acatar si se suspende la ley del referéndum

CRISTIAN REINO BARCELONA.

El Tribunal Constitucional anuló las partidas de los Presupuestos de Cataluña destinadas a financiar el referéndum del 1 de octubre. Todo un serio aviso al independentismo, solo 24 horas después de que Carles Puigdemont, Junts pel Sí y la CUP dieran a conocer la ley que debe dar cobertura a la consulta y que prevé la proclamación de la secesión de manera inmediata en caso de victoria del 'sí'.

El Constitucional, por unanimidad, dejó ayer al Gobierno catalán sin dotación presupuestaria para el referéndum al anular la disposición adicional de sus cuentas que habilitaba la financiación de la consulta. La corte determinó además que las partidas de las cuentas catalanas impugnadas por el Gobierno central, que reservaban 6,2 millones para consultas y procesos electorales, son inconstitucionales en el caso de que se destinen a cubrir los gastos de la consulta secesionista.

La disposición adicional 40 de la ley de presupuestos anulada decía lo siguiente: «El Gobierno, dentro de las posibilidades presupuestarias, debe garantizar la dotación económica suficiente para hacer frente a las necesidades y los requerimientos que se deriven de la convocatoria del referéndum sobre el futuro político de Cataluña». Se trataba de una previsión y de una referencia específica al referéndum, incluida por imposición de la CUP.

El Constitucional reconoce que la ley de presupuestos impugnada no contiene partidas destinadas de forma específica a la financiación del referéndum, y admite que el contenido de esas apartados «no permiten identificar qué dotaciones concretas pueden estar destinadas a la financiación del proceso referendario». En consecuencia, asume que cabe la posibilidad de que puedan destinarse «a procesos electorales, consultas no referendarias y de participación ciudadana», sobre los que la Generalitat tiene competencias.

La sentencia deja en una situación delicada al Gobierno catalán, en tanto que puede incurrir en responsabilidades penales si no acata la anulación y sigue adelante con los preparativos de la votación. En el caso del uso de dinero público para la consulta, los miembros del Ejecutivo podrían cometer un delito de malversación, lo que conllevaría penas de prisión. Los dirigentes del independentismo, en el Gobierno y en la Cámara catalana, están avisados desde hace meses de que tienen la obligación de «impedir o paralizar cualquier iniciativa» que desarrolle el referéndum y la sentencia avisa que no pueden hacer gastos derivados de «la organización y convocatoria del referéndum».

Desde la Generalitat, en cualquier caso, advierten de que las sentencias de los tribunales españoles no conseguirán frenar el proceso. De hecho, la ley del referéndum declarará a Cataluña como sujeto soberano y «prevalecerá» sobre la Carta Magna. La norma, según el vicepresidente Oriol Junqueras, se aprobará a principios de septiembre. Con toda seguridad, el Tribunal Constitucional la suspenderá de manera inmediata.

Acto de obediencia

Pero Junqueras amenazó ayer con hacer oídos sordos. «Cumpliremos la ley, la única ley que hay, la única posible», que es la que se deriva del derecho internacional, dijo. A su juicio, «será un acto de obediencia de la legalidad vigente que se deriva del derecho internacional». Y es que, según dijo, la legalidad española «no es legal» por no permitir el derecho de autodeterminación. «La supuesta legalidad española es una legalidad que no es legal porque no sigue el mandato del derecho internacional que el Estado español se autoimpuso que debía cumplir» respecto al «primero de los derechos humanos, que es el derecho a la autodeterminación».

El vicepresidente descartó cualquier posibilidad de dar marcha atrás: «No, por el amor de dios».

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