El Constitucional será de nuevo el último dique frente al secesionismo

Puigdemont habla por teléfono el pasado jueves en los pasillos del Parlament. :: Quique García / efe

La corte estudia hoy suspender la reforma para la aprobación exprés del referéndum de independencia catalán

MELCHOR SÁIZ-PARDO

Madrid. El Pleno del Tribunal Constitucional -reunido de manera extraordinaria a partir de las 17:30 horas de hoy- admitirá a trámite (salvo sorpresa extrema) el recurso del Gobierno central contra el último movimiento táctico de las fuerzas independentistas de Cataluña para celebrar un referéndum unilateral de autodeterminación el próximo 1 de octubre.

La prevista admisión del recurso por parte de los jueces provocará la suspensión temporal e inmediata de la reforma del reglamento del 'Parlament'. La cámara autonómica dio luz verde el miércoles de la pasada semana a que el legislativo pueda aprobar leyes por el mecanismo de lectura única. Una normativa redactada 'ad hoc' para acelerar la aprobación tanto de la ley del referéndum del 1 de octubre como las otras normas conocidas leyes de «desconexión».

En su recurso, el Ejecutivo de Mariano Rajoy, que el pasado viernes obtuvo el aval del Consejo de Estado, invoca el artículo 161.2 de la carta magna, lo que implica que la reforma quedará en suspenso de inmediato, ya que el Gobierno tiene constitucionalmente la capacidad de frenar cualquier «disposición o resolución» que emane de los «órganos de las comunidades autónomas».

El Ejecutivo, siguiendo la línea marcada por el Consejo de Estado, alega ante el órgano que preside Juan José González Rivas que la reforma del reglamento de la cámara autonómica aprobada con los 71 votos de Junts pel Sí (la coalición del PDeCAT y Esquerra) más los anticapitalistas de la CUP, vulnera el derecho de participación política (en este caso de los minoritarios) en condiciones de igualdad reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución.

La suspensión cautelar de esta reforma debería tener efectos visibles a la vuelta de las vacaciones. El legislativo catalán tiene previsto aprobar en su primer pleno del curso, el próximo 6 de septiembre, la normativa que daría el supuesto paraguas legal para la consulta secesionista. Y lo haría inaugurando el procedimiento exprés de lectura única que tiene previsto suspender el Constitucional. De manera simultánea -y por el mismo procedimiento bloqueado por la corte de garantías- el Parlament podría, si bien todavía no es seguro, dar luz verde al corpus normativo de la llamada «desconexión».

La abogacía del Estado ya trabaja en sus escritos ante el Constitucional en el caso de que, efectivamente, la cámara catalana desoiga la suspensión en septiembre. El Gobierno pediría entonces la aplicación directa de sanciones a los desobedientes, según fuentes del Ministerio de Justicia. El Ejecutivo -de acuerdo con estas mismas fuentes- no va a dudar en pedir la aplicación de la reforma exprés aprobada en otoño 2015 por el Congreso con los únicos votos del PP para forzar a que fuera el propio tribunal el que se encargue de castigar (y con más dureza) a las instituciones o autoridades públicas que desobedezcan sus resoluciones. Una reforma que fue avalada por el propio Pleno del tribunal el pasado noviembre, tras los recursos de los gobiernos vasco y catalán.

Noviembre de 2015

El Constitucional, con la probable suspensión hoy del reglamento de la cámara catalana, se convertirá de nuevo en el dique de contención frente al órdago independentista. La corte de garantías ha venido fallando siempre a favor del Ejecutivo desde que en noviembre de 2015 comenzara la batalla legal del Gobierno de Mariano Rajoy contra las maniobras secesionistas impulsadas desde el legislativo catalán. Un mes después de la aprobación de ese inicio del proceso de desconexión tras la elecciones de septiembre de 2015, la corte declaró ilegal esa declaración. En septiembre de 2016 suspendió las conclusiones de la comisión de estudio del proceso constituyente. Solo un mes después, los magistrados impulsaron la investigación sobre la responsabilidad penal de Carme Forcadell por desobedecer sus resoluciones. Ya en febrero de este año, el Constitucional estimó el incidente de ejecución del Gobierno contra la resolución de 'Parlament' que daba luz verde al referéndum. Y el pasado mayo, los magistrados ampararon al Ejecutivo cuando recurrió el decreto de la Generalitat de creación del Comisionado para la Transición Nacional.

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