El Consejo de Europa suspende a España en materia de lucha contra la corrupción

Los cabecillas de la 'trama Gürtel' asisten en primera fila a una de las vistas del juicio. :: j. j. guillén / efe/
Los cabecillas de la 'trama Gürtel' asisten en primera fila a una de las vistas del juicio. :: j. j. guillén / efe

Reclama a Madrid un mayor control sobre los bienes de los parlamentarios o la despolitización del Poder Judicial

A. A. / AGENCIAS

madrid. A España aún le quedan unas cuantas asignaturas por aprobar en materia de lucha contra la corrupción. Al menos eso es lo que afirma el Consejo de Europa, que en un informe emitido ayer critica que Madrid tan solo haya atendido siete de las once recomendaciones que le trasladó allá por 2013. Y en las que se ha avanzado ha sido, además, de forma parcial, añade.

Este organismo internacional, que abarca a la práctica totalidad del continente europeo, apunta directamente a los aspectos más importantes en los que España necesita mejorar. Según el Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) del Consejo de Europa, dos de las debilidades que aún no se han subsanado corresponden al control de los parlamentarios. En concreto, el informe critica que no se haya creado un código de conducta público así como la ausencia de un sistema para verificar que son ciertas las declaraciones de bienes que desde 2011 están obligados a presentar los diputados y senadores a comienzos de cada legislatura. Además, el Consejo de Europa pide a España que los parlamentarios detallen en sus declaraciones los regalos que reciben y los viajes a los que son invitados, así como las empresas donde tengan participaciones o acciones y sus ingresos por dietas o compensaciones.

Otro punto en el que no se ha avanzado desde la anterior llamada de atención al Gobierno español es en su comunicación con la Fiscalía General del Estado, que según el Greco debe realizarse «por escrito, de forma transparente y con publicidad adecuada». Aun así, el organismo internacional con sede en Estrasburgo valora que en el Congreso se esté estudiando la fórmula para dotar al Ministerio Público de una mayor autonomía.

Por último, España suspende en la participación del Parlamento en la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Para evitar cualquier tipo de injerencia política en la Justicia, el Greco recomienda que se fijen por ley una serie de criterios objetivos para ocupar un puesto en el máximo órgano de gobierno de los jueces.

Tras desglosar las debilidades de España en la lucha contra la corrupción, el dictamen final del Consejo de Europa es que la situación es «en general insatisfactoria». Por ello, el Greco insta a las autoridades españolas a responder a las nuevas recomendaciones realizadas antes del 31 de enero de 2018.

En el aspecto positivo, y aunque se destaque que los avances se han logrado de forma parcial, desde el Consejo de Europa también se felicita a España por algunas de las mejoras puestas en marcha en los últimos cuatro años para frenar la corrupción.

«Cumplimiento pleno»

Fuentes del Ministerio de Justicia español respondieron ayer al informe del Consejo de Europa e indicaron que el Gobierno pretende «avanzar hacia el cumplimiento pleno» de las recomendaciones del Greco. También se destacó que ya existe una obligación de declarar bienes y actividades por parte de los parlamentarios, con asesoramiento jurídico por parte de los letrados de las Cortes. Las mismas fuentes añadieron que profundizar en el detalle de estas declaraciones está sometido, en todo caso, al consenso de los parlamentarios, y recordaron que ya se facilitan por la página web de ambas cámaras parlamentarias.

Justicia apunta además que se está discutiendo en el Congreso, a propuesta de Ciudadanos, una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para cambiar el sistema de nombramiento del presidente y los vocales del Poder Judicial para que no intervengan las fuerzas políticas. Por último, desde el departamento que dirige Rafael Catalá se considera que hay tiempo hasta finales de 2018 para mejorar algunos aspectos en los que ya está trabajando el Congreso o el Gobierno, por lo que el resultado final será previsiblemente mejor que el que arroja el informe hecho público ayer.

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