El Congreso estudia sancionar las ausencias reiteradas de los diputados independentistas

Los diputados de ERC Joan Tardá y Gabriel Rufián, durante una sesión en el Congreso. :: F. Alvarado / efe/
Los diputados de ERC Joan Tardá y Gabriel Rufián, durante una sesión en el Congreso. :: F. Alvarado / efe

Ciudadanos reclama retirar el sueldo y las subvenciones que reciben los parlamentarios de Esquerra y el PDeCAT

M. E. ALONSO MADRID.

Pese a la proclamación de la república catalana, los diputados independentistas de Esquerra y del PDeCAT no están dispuestos a dejar un escaño en el Congreso que les reporta 4.684 euros al mes, sin contar los ingresos por acumular algún cargo extra en las distintas comisiones de trabajo.

Aunque llevaban desde julio anunciando que una vez consumada la independencia de Cataluña podrían dejar sus asientos en el hemiciclo, ya han avanzado que, de momento, incumplirán su palabra. Los dos partidos que conformaban la coalición Junts pel Sí en la Cámara aseguran que «la prioridad es estar en las instituciones españolas para defender el autogobierno de Cataluña, y no facilitar las cosas al PP».

Tienen pleno derecho a mantener su voz en la Cámara baja, pero sus asignaciones pueden peligrar. Los servicios jurídicos del Congreso estudian la posibilidad de retirar el sueldo y las subvenciones a los diputados secesionistas por sus reiteradas ausencias en las últimas semanas a raíz del agravamiento de la crisis política catalana. Con la intensificación del forcejeo entre el Ejecutivo central y la Generalitat, los diputados de ambas formaciones dejaron de acudir el 20 de septiembre a los plenos y limitaron su asistencia a las sesiones de control, en las que pueden intervenir para debatir con los miembros del Gobierno sobre la situación de Cataluña.

Fue ese mismo día cuando los parlamentarios republicanos y los nacionalistas abandonaron airadamente el hemiciclo en protesta por las detenciones de varios cargos de la Consejería de Economía. Mientras lo hacían, arremetieron contra la bancada de Ciudadanos tildándoles de «fachas», una acusación ante la que el propio Albert Rivera se revolvió al grito de «golpistas».

Un mes después, el partido liberal se cobró su venganza al pedir formalmente a la Mesa del Congreso que sancione a los parlamentarios independentistas por su absentismo. «Hay grupos que han hecho manifestaciones públicas y notorias de declararse en una especie de rebeldía institucional en el Congreso que se traduce en incumplimientos profesionales de los diputados y hemos pedido a la Mesa que se aplique el artículo 99 del reglamento», justificó en su momento el portavoz parlamentario de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta. El artículo al que dirigente liberal apeló es el que recoge que un diputado podrá ser privado, por acuerdo de la Mesa, de alguno o de todos los derechos, entre ellos la asignación económica, «cuando de forma reiterada o notoria dejare de asistir voluntariamente a las sesiones del pleno o de las comisiones».

Los de Rivera propusieron además retirar la subvención que Esquerra recibe como grupo parlamentario y que se quiten las ayudas que recibe el Grupo Mixto de la parte correspondiente a los ocho diputados del PDeCAT. Contribución que en el caso de la formación republicana asciende a más de 500.000 euros anuales y en el caso de la nacionalista, a 200.000 euros.

La Mesa decide el martes

El órgano de dirección del Congreso estudiará en su reunión de este martes el informe de los letrados sobre el margen legal que tiene para tomar medidas económicas contra los diputados independentistas. Desde Ciudadanos insisten en que no se trata solo de establecer multas, sino de exigir que guarden respeto a la Cámara y a su condición de representantes de la soberanía nacional.

La formación liberal trasladó la misma petición a la Junta de Portavoces del Senado, que está valorando la posibilidad de sancionar a los senadores soberanistas por ausentarse de forma voluntaria de los plenos. El artículo 23 del reglamento contempla que el parlamentario que reiteradamente deja de asistir a las sesiones sin licencia de la Mesa de la Cámara alta puede ser privado de su asignación «por uno o más meses». Ya lo hizo en 1992, cuando sancionó a tres senadores de Batasuna, por sus reiteradas ausencias, con diez meses de sueldo.

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